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La Procuraduría General elaboró el Informe “La Guajira: pueblo wayúu, con hambre de dignidad, sed de justicia y otras necesidades insatisfechas”, cuyo contenido refiere las acciones y los continuos seguimientos que en ejercicio de su función preventiva y de control de gestión ha efectuado a las diversas entidades del Estado desde el 2012, año en que se conoció sobre la situación grave y lamentable de los casos de desnutrición infantil ocurridos en la alta Guajira (Uribia, Manaure, Maicao y Riohacha).
En el informe se detalló el cumplimiento de las medidas cautelares que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en diciembre a favor de los niños y los adolescentes de las comunidades de los citados municipio por parte del Estado colombiano para preservar la vida e integridad de esa población vulnerable; así como las órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Riohacha, corporación que también amparó los derechos de esa población Wayúu.
La Guajira es el departamento con mayor población indígena, pero su situación de pobreza extrema se ha agravado con la sequía de los últimos años. Además, tiene altos índices de desnutrición infantil, morbilidad materna, poco acceso y baja calidad de los servicios de salud, violencia, desplazamiento forzado, escasez de agua y alta dispersión de la población. En esta península, en el 2014, fue declarada la calamidad pública y en enero de 2015, se prorrogó esta situación ante la afectación de la población indígena en el sector rural y urbana con la presencia del Fenómeno del Niño.
“El Ministerio Público no desconoce que el Gobierno Nacional implantó proyectos para brindar específicamente soluciones de agua, salud y nutrición, entre otras, en la zona rural de La Guajira. Sin embargo, advierte que continúa la vulneración de derechos para los menores de edad que pertenecen a esa etnia y que tiene protección doblemente reforzada por mandato constitucional”, señaló la Procuraduría.
Por lo tanto, es un tema estructural que denota un problema social el cual requiere soluciones efectivas, contundentes, articuladas y sostenibles que garanticen efectivamente la protección de sus derechos fundamentales y de la familia a la que pertenecen y para que no se repitan hechos como la muerte de los niños por desnutrición y sus causas asociadas.
El informe contiene recomendaciones al Gobierno Nacional, a los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, Salud, Agricultura, Ambiente, Educación, al Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Dirección de Asuntos Indígenas, entre otras entidades, con el fin que las autoridades nacionales, departamentales y municipales evalúen si sus medidas implementadas han sido suficientes para enfrentar la crisis humanitaria.
Asimismo, se publicaron los procesos disciplinarios que se vienen adelantando por la Procuraduría con motivo de las presuntas irregularidades que se han presentado y que dieron origen a los conocidos casos de desnutrición.
Finalmente, se informó que la Corte Constitucional, con ocasión de una acción de tutela interpuesta por las Autoridades Tradicionales Indígenas Shipia Wayúu contra el Instituto de Bienestar Familiar, solicitó a la Procuraduría un concepto sobre la situación de la niñez wayúu, que se rindió el 19 de mayo de 2016, solicitándole que declarara el estado de cosas inconstitucional ante la traumática y crónica situación que viven sus habitantes de vulneración de derechos a la vida, a la salud, a una alimentación equilibrada y al acceso al agua potable, entre otros.
