Víctimas del secuestro cuestionan la sentencia de la JEP: “Para que haya reparación tiene que haber justicia"

Ingrid Betancourt, Luis Mendieta y Jhon Frank Pinchao hablan en 'Aquí y Ahora' sobre sus secuestros y la decisión de la JEP contra exjefes de las Farc.

En entrevista con 'Aquí y Ahora' de La FM, Ingrid Betancourt, Luis Mendieta y Jhon Frank Pinchao expresaron sus posiciones frente a la reciente sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), relacionada con los secuestros cometidos por las FARC. Los tres coincidieron en que la decisión judicial no cumplió con sus expectativas de justicia y reparación.

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¿Qué dijo Ingrid Betancourt sobre la sentencia de la JEP?

Ingrid Betancourt afirmó que lo único que hubiera representado una verdadera reparación era la imposición de restricciones efectivas a la libertad de los responsables. “Para que haya reparación tiene que haber justicia”, señaló. Explicó que el secuestro fue un crimen de lesa humanidad y de guerra, y que por esa razón esperaba que se aplicaran sanciones que limitaran la movilidad de los exintegrantes de las FARC.

Betancourt expresó que la ausencia de esas medidas genera un impacto negativo en el objetivo de reconciliación nacional. Según dijo, “era tan importante la restricción a la libertad para que ellos vivieran en carne propia lo que nos hicieron vivir a nosotros”. Añadió que, en su opinión, la sentencia “acaba con la posibilidad de que en el futuro haya procesos de paz negociados en Colombia”.

También relató que las víctimas sienten una falta de reconocimiento en el proceso judicial. Aseguró que durante años fueron revictimizadas públicamente por miembros del antiguo secretariado de las FARC, quienes han justificado sus acciones en diferentes escenarios. Para Betancourt, la sentencia deja un vacío frente a la expectativa de verdad, sanción y reparación.

¿Qué planteó Luis Mendieta sobre la sanción reparadora?

El general (r) Luis Mendieta manifestó que la sentencia representa un sufrimiento adicional para las víctimas, pues “quedan desconsoladas y desesperanzadas”. Recordó que durante las audiencias solicitaron la expulsión de los excomandantes de la JEP porque no confesaron toda la verdad ni aportaron a la reparación. “Mientras eso no ocurra, no hay justicia”, sostuvo.

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Mendieta agregó que una verdadera sanción reparadora habría sido diferente. Resaltó que los responsables no han contribuido de manera efectiva al esclarecimiento de los hechos ni a la reparación material. Según su declaración, la falta de medidas firmes genera una percepción de impunidad y priva a las víctimas de una respuesta acorde con los daños sufridos.

El oficial en retiro también hizo énfasis en la dificultad que enfrentan las víctimas para tener espacios de participación política. Cuestionó que, mientras a exintegrantes de las FARC se les garantizó representación, a las víctimas se les cerraron esos escenarios, a pesar de que algunas han intentado construir alternativas desde la legalidad.

¿Qué dijo Jhon Frank Pinchao sobre la reparación?

Por su parte, Jhon Frank Pinchao señaló que no ha habido reparación económica real. Aseguró que, en la práctica, las víctimas no han recibido compensación alguna. “Se dio la sentencia en papel porque ellos no han recibido un solo centavo de reparación económica”, expresó.

Pinchao cuestionó que procesos como este puedan repetirse en Colombia. Consideró que deberían ser anulados y que los responsables debieron enfrentar la justicia ordinaria. Propuso que se contemplara incluso la extradición de algunos exintegrantes de las FARC, en particular en relación con Simón Trinidad.

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Durante la entrevista, Pinchao subrayó que el secuestro dejó huellas profundas en quienes lo padecieron. Indicó que la sentencia no refleja la magnitud de los daños y que no se puede hablar de reparación sin medidas que garanticen justicia plena.

Los testimonios de Betancourt, Mendieta y Pinchao coincidieron en que la decisión de la JEP no generó satisfacción ni confianza en las víctimas. Para ellos, la ausencia de sanciones efectivas, la falta de reparación económica y la exclusión de espacios de participación política constituyen aspectos centrales que siguen pendientes de respuesta.


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