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La Corte Constitucional se pronunció sobre los terrenos baldíos y ordenó al Congreso para que adopte medidas ante la inseguridad jurídica de los predios rurales.
La Corte ordena al Congreso de la República fortalecer la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y crear la jurisdicción agraria con el propósito de superar a inseguridad jurídica, así como la informalidad en el campo y el exceso de concentración de terrenos en el país.
En diálogo con La FM, el exministro de agricultura, Andrés Valencia Pinzón, se refirió a las implicaciones que tiene esta decisión.
"El fallo de la corte resuelve aquellas adjudicaciones de tierras que fueron proferidas sobre sentencia antes de la entrega de la Ley 160 de 1994. Antes había unas condiciones frente a la ocupación de las tierras baldías de la nación que quienes las habían ocupado mediante explotación económica (cultivo, cría de ganado o pollos) y la demostraban podría pasar a ser formalmente de su propiedad”, manifestó.
Con el fallo, que se da luego de 13 tutelas, es el campesino quien tiene que entregar la prueba de que efectivamente se tenía los títulos que le proferían de estas tierras.
"Según la Corte hay cerca de 26.000 sentencias que podrían caber en eso, más o menos un 1.3000.000 hectáreas. Nosotros encontramos cerca de 36.000 sentencias aproximadamente donde había una incertidumbre, el 74% de esas tierras amparadas en esos procesos jurídicos tienen menos de cinco hectáreas", remarcó.
Dentro de las personas que están buscando legalizar estas tierras se encuentran en departamentos como Cundinamarca, Boyacá Córdoba y Cauca, no obstante, el exministro aseguró que "no son grandes extensiones de tierra".
¿Cómo se afecta la propiedad privada con esta decisión?
Entre los grandes cuestionamientos que se tiene al respecto sobre esta decisión de la Corte Constitucional, están el principio de propiedad privada y si hay alguna relación con la propuesta de reforma agraria que tiene el gobierno.
"Lo que dice la sentencia es que la ANT debe recuperar esos baldíos, es decir, de alguna manera los baldíos que se adjudicaron en sentencias después del año 1994, si no se demuestra la propiedad privada sobre esta tierra, en principio la Agencia Nacional de Tierras debería entrar a recuperarlos", recalcó Valencia.
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