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La Contraloría General de la República, descubrió posibles sobrecostos en las comisiones que fueron pactadas entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, (Uspec) y la Bolsa Mercantil, para el proceso de selección del los proveedores de alimentos para los reclusos del país.
El organismo de control recordó que la investigación se realizó luego de una denuncia que interpuso la Senadora Claudia López, en relación con la selección de los proveedores de alimentación de la población privada de la libertad a cargo del Inpec.
Como consecuencia de esta denuncia, la Contraloría efectuó pruebas en el proceso de estudios previos y elección de la Bolsa Mercantil como procedimiento de escogencia de los proveedores de alimentación a esta población objeto.
"Como resultado de este labor, se detectaron posibles sobrecostos derivados de diferencias en las comisiones pactadas con los dos comisionistas de Bolsa que representaron los intereses de la Uspec en las operaciones de mercado abierto, en cuantía de $36.442.756, así como incumplimiento en requisitos esenciales en materia de contratación, lo que motivó el traslado de hallazgos a la Fiscalía General de la Nación".
Atención en Salud
Así mismo, la Contraloría estableció que se destinaron recursos apropiados a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, por concepto de Implementación del Sistema Integral de Salud en el Sistema Penitenciario, con destino al Fondo Nacional de Salud para Personas Privadas de la Libertad, en gastos y contratos por fuera de la destinación específica para lo cual fueron presupuestados, por más de $6.200 millones.
De estos recursos, $5.500 millones fueron ejecutados para financiar una adición al contrato interadministrativo No. 216144 del 25 de noviembre de 2016 suscrito entre la Uspec y Fonade, para la adquisición y mantenimiento de equipos biomédicos, y con los restantes $701.911.532 se pagó el contrato No. 341 de 2014 Póliza de seguros QBE, lo que motivó el traslado del hallazgo a la Fiscalía General de la Nación.
De igual manera, la Uspec no transfirió durante la vigencia 2016 recursos por el mismo concepto al Fondo, por valor de $5.009.824.088, dineros que por falta de apropiación fueron reintegrados al Tesoro Nacional, situación que además de no contar con la debida justificación, puede llegar a afectar la financiación del servicio en la respectiva vigencia fiscal y por ende generar faltante de recursos para la atención final en salud.
"Una adecuada y oportuna ejecución de este tipo de recursos, podría mitigar en gran medida el riesgo jurídico derivado de la atención de 11.131 tutelas (a junio 30 de 2017) por la prestación del servicio de salud, o el riesgo jurídico y patrimonial que se deriva de otro tipos de medios de control judicial", señaló el organismo.
Vigilancia Electrónica
En cuanto al servicio de vigilancia electrónica, se evidenció que lo contratado solo cubre un 10% del total de la población con medidas de aseguramiento o penas privativas de la libertad extramural.
Según la Contraloría, "la capacidad operativa del Inpec para efectuar monitoreo y seguimiento a las alarmas generadas por el Sistema de Vigilancia Electrónica es mínima, frente a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para realizar verificaciones de campo".
También señaló que en materia de Sistemas de Vigilancia Electrónica (SVE), la Uspec no contaba con un control efectivo de las sumas entregadas a título de anticipo, ni se pactó la obligación de generación ni devolución de rendimientos financieros sobre los recursos entregados a dicho título, por parte del vendedor.
