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En las últimas horas, se inició en el país la Feria Internacional de Seguridad donde se buscan más y mejores medidas en esta materia en el país. Allí salió a flote de nuevo una denuncia acerca de presuntas irregularidades cometidas por parte de la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín.
Desde enero pasado se viene hablando del caso tiene que ver con una posible violación de las normas de contratación por parte de dicha entidad, en la integración del sistema de sistema biométrico de Medellín con el sistema ABIS de la DIJIN (sistema forense centrado en la identificación de criminales utilizando fotos de archivos policiales y huellas dactilares digitales o latentes).
Aunque la intención es que las cámaras de seguridad de la capital antioqueña pueden identificar a los delincuentes en los puntos donde se encuentren -algo que es posible cuando se conectan las cámaras con las bases de datos de la Policía- lo polémico surge por los términos del contrato.
La firma Control Social de la Gestión Pública de Colombia SAS., que hace la función de veeduría, insistió en los señalamientos en contra del contrato en el cual se entregaron $3.738 millones a la compañía Integradores SAS para desarrollar la herramienta.
La veeduría indicó que el contrato habría adjudicado por la Secretaría de Seguridad bajo el argumento de que nadie más tenía ese servicio que Medellín requería con urgencia. De ahí entonces la decisión de contratar de forma directa y sin realizar una licitación pública, algo que se evidencia en el sistema Secop (sistema de contratación pública).
Control Social de la Gestión Pública indicó además que la polémica es más profunda si se tiene en cuenta que del software Herta Security, unos de los líderes mundiales en reconocimiento facial, tiene en el país como representante a Diomar Carrascal Gómez, quien es hermano de Emiliano Carrascal Gómez, representante legal de Integradores SAS, compañía a la que se le adjudicó el contrato.
¿Se va cerrando mercado de reconocimiento facial en el país?
Por cuenta de este contrato, la veeduría cuestionó entonces si el sistema de reconocimiento facial de Herta Security cierra ese mercado en el país al tener la exclusividad y parametrización del Sistema y beneficiaría directamente a Integradores SAS.
Este contrato se encuentra demandado en la Procuraduría por cuenta de los mismos términos en que se suscribió.
De momento, la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín respondió al diario local El Colombiano que se verificó en el mercado y no se halló otro proveedor con servicios tecnológicos de iguales o similares. Por ente, dicen que no existe pluralidad de oferentes para la prestación de dichos servicios.
El debate quedó entonces servido sobre el sistema de reconocimiento facial y el contrato suscrito en Medellín.
