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Los nueve magistrados de la Corte Constitucional, discuten este lunes 18 de julio, en sala extraordinaria si finalmente se aprueba el plebiscito para la paz, mecanismo de refrendación con el cual los colombianos le dirían sí o no a los acuerdos que pacte el Gobierno nacional con la guerrilla de las Farc.
La ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas tiene diversos puntos para discutir, entre ellos el umbral. Éste umbral, que fue reducido por el Congreso de un 50% a un 13%, determinaría si esos 4`387.118 de votos son suficientes para tomar una decisión frente a la refrendación o no de los acuerdos. Además, la Corte estudia si ese porcentaje se ajusta a los lineamientos de la constitución.
El magistrado Alberto Rojas ha sido claro en decir que en caso de que la Corte decida que el umbral no es el apropiado, esto no significaría que el proceso de paz quede anulado, ya que según su opinión, el plebiscito es un mecanismo consultivo y no vinculante.
En el debate se tratará de establecer si el plebiscito podría ser un mecanismo consultivo, es decir, que el resultado sería un concepto y no tendría obligaciones y por lo tanto no debería tener un umbral específico.
Otro de los aspectos que discuten los nueve magistrados de la Constitucional se remite a que, en caso de dársele el 'Sí' al plebiscito deberían incluirse en la carta magna los puntos que se pacten entre Gobierno y Farc. Pero también está la otra opción, ya que si llegara a dársele un 'No' al plebiscito, esto no significaría que se acaba el proceso de paz, sino que el Gobierno deberá ponerse en la tarea de buscar otro mecanismo diferente al plebiscito para validar los acuerdos.
La Corte también busca establecer la manera como se le haría propaganda y publicidad al plebiscito en caso de ser aprobado. Se discute además si el contenido de los acuerdos deben ser publicados antes de que sea convocado el plebiscito para que los colombianos aprueben dichos acuerdos
Asi las cosas, de ser aprobado este mecanismo de participación, el presidente Juan Manuel Santos, tendría un mes para remitirlo al Congreso, posteriormente sancionarlo y por último convocar a elecciones.
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