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La Procuraduría General de la Nación, identificó diversas inconsistencias en las versiones rendidas por militares del Batallón 57 ´Mártires de Puerres´ y la Brigada 8 y solicitó a la JEP implementar estrategias metodológicas adicionales que permitan realizar una contrastación más precisa y detallada frente al presunto manejo y uso indebido de gastos reservados y las presiones que ejercieron mandos superiores para que se presentaran resultados operacionales ilegítimoscomo bajas en combate, en el marco del escándalo de los denominados falsos positivos.
Esta petición se llevó a cabo en el escrito de observaciones relacionadas con las versiones voluntarias de nueve miembros de la Fuerza Pública dentro del macrocaso cinco, que investiga hechos relacionados con los falsos positivos cometidos por las unidades militares que operaban en 17 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
“Con respecto a los resultados operacionales ilegítimos, para el Ministerio Público, si bien, por una parte, varios comparecientes coincidieron en que sí existió una política de presión para obtenerlos, lo que conllevó a que ciertas unidades modificaran sus métodos operacionales para ajustarse a las expectativas impuestas desde la cadena de mando, otros señalaron haber privilegiado las desmovilizaciones y las capturas”, indicó la Procuraduría General.
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En torno al supuesto manejo y uso indebido de gastos reservados la Procuraduría manifestó que “la instrumentalización de redes de informantes, la manipulación de informes de inteligencia, la falsificación de documentos administrativos y la desviación de fondos de gastos reservados causaron que algunos integrantes se dedicaran a actos delictivos dentro de la unidad militar cuyo propósito era aumentar de forma tangencial los resultados operacionales a través del asesinato de civiles”.
Como medida para garantizar el debido proceso y la seguridad jurídica de los militares implicados, la Procuraduría solicitó se inspeccionen e incorporen los documentos operacionales, reportes de inteligencia y registros administrativos, que respalden y verifiquen las afirmaciones presentadas, fortaleciendo así el proceso de contrastación y la determinación de responsabilidades.
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De igual forma, como parte del mecanismo de justicia restaurativa, la Procuraduría considera necesario que las entidades competentes realicen la corrección de los registros militares en los que se reportaron a las víctimas como integrantes de grupos armados.
El Ministerio Público enfatizó que todas estas acciones surgen necesarias con el fin de “restituir su memoria y su dignidad”.
