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La Procuraduría General de la Nación citó a juicio disciplinario a los directores administrativos de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor), Luis Alfonso Hoyos Cartagena y Emiro Darío Márquez Martínez, en medio de las investigaciones por el denominado 'cartel del Sida' en ese departamento.
Los funcionarios son investigados por el presunto uso indebido de recursos públicos destinados a la atención de pacientes con VIH, del régimen subsidiado del departamento.
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Los directivos, al parecer, pagaron facturas de pacientes que no estaban dentro de la base de datos de la caja de compensación y cancelaron a IPS, cuentas de usuarios cuyos documentos de identificación no aparecían en la Registraduría (cédulas inexistentes) y cuyos titulares estaban muertos o con suspensión de derechos políticos.
La Procuraduría reprochó que Comfacor haya pagado presuntos sobrecostos por más de 12.000 millones de pesos, mediante complicaciones asociadas al VIH que estarían relacionadas con incumplimiento en las guías de atención a pacientes con ese diagnóstico.
Hoyos Cartagena, quien se desempeñó como director administrativo de Comfacor entre 2005 y 2017, y Márquez Martínez, quien ocupó el cargo hasta el 13 de septiembre de 2017, al parecer quebrantaron el principio de moralidad y desconocieron el de economía, al presuntamente haber permitido que se afectaran los recursos de la salud del departamento en $456 millones.
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El Grupo Élite Anticorrupción remitió otros hallazgos relacionados con el aumento significativo de pacientes con VIH a la Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente, para que dentro de su función preventiva determine si también harían parte de un cartel para desangrar los recursos de la salud, mediante IPS y EPS.
La Procuraduría compulsará copias a la Fiscalía General para que investigue la forma en la que las autoridades y particulares administraron y vigilaron los recursos de la salud, por cuanto al parecer pudieron existir conductas de relevancia penal y administrativa.
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Además, remitirá el avance de la investigación disciplinaria a la Contraloría General de la República, para que obre en el proceso fiscal que se adelanta por estos hechos.
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