Ordenan libertad condicional a exsenador Juan Carlos Martínez

El juzgado noveno penal del circuito de Cali leyó la codena de 48 meses para el exsenador Juan Carlos Martínez, por intentar cometer fraude electoral durante las elecciones atípicas de 2012 para la gobernación de Valle del Cauca.

En la misma lectura se otorgó la libertad para Martínez y el pago de una fianza de cinco salarios mínimos vigentes.

Esto en razón a que el político vallecaucano ha superado las tres quintas partes de dicha condena durante los años que lleva en la cárcel.

Aún cuando este proceso queda saldado de acuerdo a lo convenido entre las partes, el excongresista debe permanecer en la prisión de La Picota en Bogotá, porque aún debe afrontar un proceso por enriquecimiento ilícito que se tramita en el juzgado tercer penal especializado de Cali.

Junto a Martínez, siete personas involucradas en este mismo delito fueron notificadas de sendas sentencias judiciales determinando que:

Por petición del fiscal del caso, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cali, el juzgador condenó a 48 meses de prisión por el delito de cohecho por dar u ofrecer a: Juan Carlos Martínez, María del Pilar Yangana Cubides y Jairo Candelo Banguero. Pero deben pagar una multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para acceder a lo concedido por el juez que dio cumplimiento al principio de libertad condicional.

Por su parte, Alina Martínez García y Oscar Yesid Ramírez Forero, fueron condenados a 86 meses de prisión por los delitos de cohecho y tentativa de alteración de resultados electorales. El juez le concedió la detención domiciliaria a la primera y negó dicho beneficio al segundo.

José Francisco Angulo Jaimes, 66 meses de prisión por el delito de cohecho y tentativa de alteración de resultados electorales

Luis Enrique Forero Téllez, fue condenado a 60 meses de prisión por cohecho propio.

Por los mismos hechos, fue condenada con anterioridad Ana Lucía Beltrán Ortiz, exfuncionaria de la Registraduría.

Entre tanto, se aplicó el principio de oportunidad a Adriana Lucía Castro Guzmán, exfuncionaria del Consejo Nacional Electoral.