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Tras cumplirse un poco más de un año y dos meses del bombardeo del Ejército en el Caquetá contra el excabecilla del frente séptimo de las disidencias de las Farc alias ‘Gildardo Cucho’, en el que murieron ocho menores de edad, las investigaciones se encuentran suspendidas y a la espera de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decida si es la justicia ordinaria o la justicia penal militar la competente para investigar este caso.
El proceso se encuentra en el despacho del magistrado Carlos Mario Cano, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien se espera formule una ponencia para definir el conflicto de competencia que planteó la Fiscalía General.
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Este conflicto de competencia positivo se propuso el 8 de julio pasado, respecto de la actuación que se lleva en el Juzgado 77 de Instrucción Penal Militar, y el 13 de julio frente al Juzgado 124 de Instrucción Penal Militar.
Según los investigadores, se trata de dos peticiones en el mismo sentido, en atención a que existen dos juzgados que investigan los hechos, uno por la actuación del Ejército Nacional y otro por el procedimiento realizado por la Fuerza Aérea Colombiana.
La Fiscalía General indicó que la petición se formuló hasta julio pasado porque para el fiscal del caso era el momento procesal para plantear el conflicto de competencia.
El 29 de agosto de 2019, la Fiscalía recibió información oficial de la acción militar y el 2 de septiembre del año pasado, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Crimen Organizado recibió los reportes de las Fuerzas Militares y el material probatorio recogido en el sitio por funcionarios de la Dijín de la Policía Nacional.
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Esos reportes dieron cuenta de la recuperación de varios cuerpos sin vida y la incautación de 15 armas de fuego, entre fusiles, ametralladoras y pistolas, cartuchos, proveedores y otros elementos como dispositivos electrónicos.
Por tratarse en su momento de una acción que contempla el Derecho Internacional Humanitario, compulsó copias a la Justicia Penal Militar para lo de su competencia.
Sin embargo, tras conocerse que de los quince cuerpos identificados ocho correspondían a menores de edad que murieron en el bombardeo al campamento, otro fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos planteó el respectivo conflicto de competencia.
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RCN Radio se comunicó con la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer qué actuaciones y cuándo se proyectaría una decisión que pueda destrabar este caso, para saber finalmente si es la Fiscalía o la Justicia penal militar la competente para investigar estos graves hechos, pero aún no ha sido posible obtener una respuesta.
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