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Esta violación a la legislación podría traer consecuencias disciplinarias, indicó el auditor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Según el organismo de vigilancia, fueron en total 86 los contratos suscritos entre el 27 y el 31 de enero del presente año por 3.146 millones de pesos.
Entre las entidades que violaron la Ley de Garantías está por ejemplo la Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, que suscribió cinco contratos por 1.314 millones de pesos. También está la Alcaldía municipal de San Agustín, Huila, que suscribió un contrato por 325 millones de pesos.
Figuran igualmente las alcaldías de municipios como Tibacuy en Cundinamarca, Restrepo Meta, Nobsa en Boyacá y Pijao en Quindío, que suscribieron contratos por un valor superior a los 400 millones de pesos.
Fueron en total más de 22 entes territoriales que violaron la Ley de Garantías, razón por la cual el Auditor General decidió que se abra el debate sobre la necesidad de que se continúe con esta ley.
Para el jefe del organismo de vigilancia, "la Ley de Garantías genera riesgos innecesarios a los gobernantes territoriales dado que con la premura del tiempo pueden cometer errores en las etapas de planeación contractual que terminan por afectar la gestión pública de estas entidades".
"La alerta para esta legislación es evidente, por eso la propuesta de la Auditoría General de la República es que se revise la norma y se evalúe el grado de efectividad y conveniencia de la misma", manifestó Rodríguez.
El organismo de vigilancia denunció que en el transcurso de los cuatro días previos a la entrada en vigencia de esta legislación los entes territoriales suscribieron 43.734 contratos por 1.39 billones de pesos.
