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El movimiento un ‘Pacto por una mejor Salud’ del que hacen pate pacientes, Profesionales de la salud, usuarios, aseguradores, prestadores, aseguradores, entidades académicas y sociales hicieron un nuevo llamado al Congreso de cara a la nueva legislatura donde el tema de la salud será muy importante en las discusiones que se avecinan con el proyecto de reforma a la salud.
Afirmaron que en este nuevo periodo legislativo, le corresponde al Senado de la República recuperar el tono sereno y reflexivo que este debate exige.
“Mantenemos nuestra disposición por contribuir en ese debate. No se trata de negar la necesidad de cambios y ajustes, sino de evitar retrocesos irreparables. La salud de los colombianos no puede ser sacrificada en el altar de la improvisación ni en la disputa por el relato”, dijeron los voceros de la entidad.
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Afirmaron que se mantiene el empeño de trabajar, proponer, alertar y construir de manera colectiva. “Porque el derecho a la salud no es del Gobierno ni de la oposición. Es de la gente y es irrenunciable”, indicó.
El colectivo de integrantes del sector de la salud fue enfático en señalar que Colombia vive la coyuntura más crítica del sistema de salud en los últimos treinta años.
“La situación de los pacientes es alarmante: miles han perdido sus tratamientos, se multiplican las barreras de acceso y ni con incidentes de desacato de tutelas logran acceder a medicamentos, consultas o cirugías. Detrás de cada cifra hay un rostro, una vida en riesgo, una familia angustiada. Detrás de esa angustia hay un sistema cada vez más debilitado”, indicó.
Apuntó que, además la radiografía de las clínicas y hospitales, públicos y privados, cada día es más difícil al enfrentar una crisis sin precedentes.
“Los cierres de servicios aumentan semana tras semana. El personal de salud trabaja con incertidumbre, enfrentando retrasos en pagos, sobrecarga laboral y condiciones adversas. La red de prestación se está resquebrajando, y con ella, la confianza ciudadana en que sus derechos serán protegidos”, manifestó.
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Afirmaron que la reforma presentada por el Gobierno Nacional —hoy identificada como proyecto de Ley 410 en el Senado— no resuelve los problemas estructurales del sistema. “No está centrada en las necesidades de las personas, no tiene aval fiscal, no propone una solución a la desfinanciación crónica de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), no establece reglas claras para proteger la continuidad en la atención o garantizar la sostenibilidad de las instituciones prestadoras”, señaló.
Apuntó que tampoco ha sido producto de un diálogo democrático y transparente.
“Además, el Gobierno Nacional ha dejado entrever vías paralelas posibles para su reforma a través de un nuevo proyecto de competencias territoriales o incluso de un decreto, que, de materializarse en los términos anunciados, desconocería leyes vigentes como la Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1438 de 2011 y la Ley Estatutaria de Salud", sostuvieron.
Indicaron que "esto violaría los principios de legalidad, progresividad, no regresividad y participación. Desde el Pacto por una Mejor Salud, conformado por pacientes, usuarios, profesionales de la salud, prestadores, aseguradores, entidades académicas y sociales, reiteramos que: La atención en salud debe centrarse en los usuarios y pacientes, no en cálculos políticos. Las reformas no pueden ignorar la realidad que viven millones de colombianos, ni construirse sobre el colapso de lo que aún funciona”, explicaron.
Además subrayan que los hospitales y clínicas necesitan soluciones inmediatas. La falta de pagos, los retrasos en presupuestos máximos y el manejo inadecuado del flujo de recursos están poniendo en jaque a todo el sistema de prestación.
“La transparencia y veracidad en los datos oficiales son esenciales. Se ha perdido la confianza en las cifras que reporta el Ministerio. Sin información clara y veraz, no hay diagnóstico ni solución posible. El respeto por la institucionalidad es innegociable. Las decisiones deben enmarcarse en la Constitución, acatar los fallos judiciales y observar los principios de legalidad, participación y deliberación pública”, apuntó.
Fueron insistentes en que es urgente una salida a la crisis financiera del sistema. La salud no puede esperar.
“Se deben saldar las deudas con prestadores, garantizar la suficiencia de la UPC y establecer mecanismos de financiamiento estables y sostenibles. Las mesas técnicas no son tribunales políticos, son instrumentos técnicos. La Corte Constitucional, mediante el Auto 007 de 2025 y reafirmado en el Auto 504, ha ordenado al Ministerio de Salud conformar una mesa de trabajo con participación del Ministerio de Hacienda, Adres, la Contraloría General de la República, la Supersalud y actores del sistema, con el fin exclusivo de recalcular la UPC para los años 2024 y 2025 de manera objetiva, técnica y sustentada”, recalcó.
Solicitó una rápida y urgente intervención del gobierno para solucionar esta problemática. “Requerimos de un diálogo nacional amplio, respetuoso y técnico. No basta con “oír”. Se requiere escuchar con respeto, deliberar, ajustar, construir sobre lo construido -con base en la evidencia veraz- y garantizar el derecho a la salud, con especial protección para los más vulnerables”, puntualizó.
