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Este martes en la madrugada se presentó un grave accidente de tránsito a las afueras de Quito cuando un bus que se movilizaba desde Colombia con 43 personas se estrelló contra un vehículo Trooper en el que viajaba una familia de cuatro integrantes. El accidente dejó como saldo 24 personas muertas.
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El bus de placas USA 251 pertenecía a la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, según el reporte que tiene la Superintendencia de Transporte, sin embargo desde la empresa de transportes niegan alguna vinculación con el vehículo y su gerente argumenta que desde diciembre no tenía información del bus pese a que seguía vinculado con la empresa.
La Superintendencia de Transporte abrió investigación preliminar en contra de la empresa Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente por la presunta prestación de un servicio de transporte no autorizado y por no contar con los documentos necesarios para la prestación del servicio de transporte internacional.
El superintendente de Transporte, Javier Jaramillo, señaló que toda la responsabilidad del accidente recaerá en la empresa a la que pertenecía este bus pues era obligación de la misma haber hecho la desvinculación del vehículo si ya este no hacía parte de su flota de buses.
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Escuche las declaraciones de Javier Jaramillo en La FM
"La empresa no ha pedido el retiro del bus, el dueño dice que ya desde diciembre no aparecía y había pedido desvinculación del bus al Ministerio, sin embargo no se tiene esa carta, es decir, que la empresa es responsable de ese bus hasta que se desvincule y por lo tanto, debe saber que está haciendo el bus", indicó.
También, el superintendente informó que se pudo establecer que uno de los dos conductores del vehículo tenía la licencia vencida. "La licencia además es categoría C1, lo que no le da para manejar bus y el último examen del CRC es de 2014".
"Puede tener una sanción de uno a 700 salarios mínimos, es más o menos un poco más de 510 millones de pesos y podría también verse avocada a la cancelación de la licencia", subrayó.
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Jaramillo informó que el extracto de contrato expedido supuestamente por la empresa aparece firmado el 10 de agosto por Gino de Jesús Moreno Pradilla, quien aparece como representante legal de la empresa en dicho documento, y Claudia Ximena Orozco Córdoba, persona que contrató el viaje por un valor de 9 millones de pesos para la ruta: Neiva - Pitalito - Mocoa - Villa Garzón - La Hormiga - San Miguel - Ecuador - Lago Agrio y viceversa.
No obstante, dijo que al visitar la empresa de servicio de transporte se evidencia que el representante legal de la empresa, registrado en Cámara de Comercio, es diferente al que firmó el contrato de transporte. "El gerente nos asegura que ese contrato nunca lo firmó y dice que la firma es del exgerente de la empresa. Esta es una acción penal y ya estamos tomando medidas por falsedad de documentos".
El funcionario puntualizó que es importante que la entidad de control y vigilancia se "monte en la tecnología" y pueda revisar en tiempo real la autenticidad de ese formato único de transporte para evitar este tipo de hechos. "Uno pide papeles pero no tiene ni idea que desde diciembre el bus no tenía un despacho legal desde la empresa por eso es la oportunidad para hacer el desarrollo de herramientas tecnológicas donde usted en tiempo real puede chequear si ese fuete tiene autenticidad", agregó.
La Supertransporte visitó la empresa que tiene su sede en Cúcuta y solicitó los documentos necesarios para la investigación además de la revisión técnico mecánica y la tarjeta de operación para verificar su validez. Además exigió el permiso para hacer el viaje internacional y se constató que tampoco lo tenía.
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