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Antes de cumplir 18 años, James Zuluaga, quien hoy se desempaña como director de la mesa de Derechos Humanos de la Comuna 13 de Medellín, vivió en carne propia los abusos que se cometieron en esa zona periférica de la capital antioqueña en el año 2002.
En diálogo con LA FM, Zuluaga narró cómo se vivieron los días 16 y 17 de octubre de 2002 en la Comuna 13, fechas en que se realizó la operación Orión. Explicó que cuando los hombres de la Cuarta Brigada del Ejército ingresaron a la zona, él quedó atrapado en su colegio junto a varios compañeros en medio del fuego cruzado.
Agregó que varias escuelas del sector estuvieron cerradas durante ocho meses, las primeras comuniones de los niños fueron canceladas y decenas de personas quedaron con traumas psicológicos y delirios de persecución.
"Esa operación fue muy complicada, muchas personas quedaron con problemas mentales, nosotros estábamos viviendo en un escenario de guerra, las tiendas y las iglesias fueron cerradas. Los enfrentamientos eran comunes en todas las zonas, mi escuela fue destruida totalmente y nos quedamos casi un año sin poder estudiar".
Según el líder de derechos humanos, lo más indignante es que 14 años después de las operaciones Orión y Mariscal contra las milicias urbanas de las Farc y el ELN, el Estado colombiano no ha reparado a las familias de las 200 personas que quedaron desaparecidas. Señaló que tras la intervención, cerca de 5 mil mujeres, jóvenes y niños salieron desplazados de sus viviendas.
"El Estado no se ha hecho presente en la zona para reparar a las víctimas, al contrario, nos dejaron como la comuna de Medellín con la fosa común urbana más grande del mundo y con el barrio que lidera la cifra de falsos positivos judiciales en el país".
La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado, se refiere al caso de cinco defensoras de derechos humanos que fueron señaladas como colaboradoras de la guerrilla, situación por la que fueron detenidas y liberadas nueve días después sin una prueba suficiente de su presunta colaboración.
En el 2004 Ana Teresa Yarce fue asesinada. De acuerdo con el organismo internacional, a pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar su vida.
La condena
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) publicó una sentencia en la que encuentra al Estado colombiano responsable de detenciones ilegales y falta de protección de cinco defensoras de los derechos humanos, así como de la muerte de una de ellas.
"Colombia es responsable por no prevenir el asesinato de la defensora de derechos humanos Ana Teresa Yarce, así como por su detención ilegal y arbitraria junto con otras defensoras de la Comuna 13 en Medellín", explicó la CorteIDH, que tiene sede en Costa Rica.
El tribunal, que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), indicó que el Estado también fue condenado por "no haber adoptado medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de derechos humanos, y por violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial".
El caso tiene que ver con la situación de riesgo y violencia sufrida a partir del 2002 por las defensoras de derechos humanos y líderes comunales María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryam Eugenia Rúa Figueroa, así como el impacto generado en sus familiares.
Los hechos se desarrollaron en el contexto del conflicto armado interno de Colombia, el cual provocó que en la Comuna 13 se intensificaran los operativos militares y el recrudecimiento de la presencia paramilitar.
Yarce, Mosquera y Naranjo fueron detenidas en 2002 por haber sido señaladas como colaboradoras de la guerrilla, sin que se acreditara la causal, y fueron liberadas 9 días después.
La Corte determinó que la detención fue "ilegal y arbitraria y que, en las circunstancias del caso, además de una violación al derecho a la libertad personal, generó una vulneración de los derechos a la integridad personal y a la protección de la honra y dignidad de las víctimas".
A pesar de haberse interpuesto diversas denuncias sobre su situación de riesgo, "el Estado no implementó las medidas necesarias para salvaguardar la vida de Yarce", a quien asesinaron en el 2004, agregaron los jueces interamericanos.
"Los Estados deben adoptar medidas de protección para las defensoras y defensores de derechos humanos que sean acordes a sus funciones y que sean objeto de una evaluación de riesgo, así como que puedan ser modificadas según la variación de la intensidad de este. La Corte consideró que Colombia no cumplió con su deber de garantizar el derecho a la vida y prevenir actos de violencia contra la mujer", afirma el fallo.
Las otras cuatro defensoras y sus familiares se vieron forzadas a desplazarse de su lugar de residencia para resguardar sus vidas ante el hostigamiento y amenazas de la guerrilla.
Sobre este punto los jueces señalaron que "el Estado no adoptó las medidas suficientes de asistencia ni posibilitó un retorno voluntario y seguro" de estas personas, por lo que hubo violaciones a los derechos de circulación, de residencia e integridad personal.
El Estado también violó el derecho a la protección de la familia, al de la propiedad privada por pérdida de bienes materiales por el desplazamiento, y al de la libertad de asociación, pues las mujeres no pudieron continuar sus labores de defensoras de derechos humanos, según la sentencia.
La CorteIDH ordenó al Estado colombiano llevar a cabo reparaciones económicas por daños materiales e inmateriales, así como continuar la investigación sobre el desplazamiento forzado de Rúa y sus familiares e implementar un programa, curso o taller dentro de la Comuna 13 de Medellín destinado a promover e instruir sobre el trabajo de los defensores de derechos humanos.
