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El pueblo wayúu, otras comunidades indígenas de La Guajira y algunas Organizaciones no Gubernamentales han venido denunciando desde hace varios años que la falta de agua en el departamento y los problemas de salud que agobian a los indígenas tiene que ver con la explotación minera del megaproyecto Cerrejón.
La explotación de carbón a cielo abierto, que se considera una de las más grandes de América Latina, desvió el cause del río Ranchería que se considera como la principal afluente del departamento donde desemboca el río Bruno.
“En La Guajira se sacrifica el agua del desierto para la explotación de carbón y no para los derechos del ser humano (...) el río Ranchería que es un río sagrado, sus aguas abastecían a los ríos subterráneos de todo el desierto y el extractivismo está afectando todo el sistema económico de un pueblo de desierto”, dijo Armando Gouriyu, representante de 'La Nacion Wayúu' y la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
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RCN Radio intentó comunicarse con la comunidad indígena, pero fue imposible porque, al parecer, han sido víctimas de amenazas por denunciar. Según Jenny Ortíz, coordinadora del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), tienen miedo de hablar a los medios de comunicación.
“Las amenazas han pasado desde panfletos, atentados a las organizaciones demandantes, presiones, hostigamientos (...) ha aumentado la presión de las comunidades denunciantes, ha aumentado el nivel de riesgo de esas comunidades”, dijo.
La abogada Rosa Mateus, quien ha estado acompañando los recursos judiciales de las comunidades indígenas, ha dicho que La Guajira “está muerta de sed” y es víctima de “contaminación ambiental” debido al polvillo que produce la extracción minera a cielo abierto.
“El porcentaje de bosque seco tropical está en riesgo por la desviación de los arroyos. También tenemos una Guajira con sed con niños muertos”, dijo.
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Además, hizo referencia a una sentencia de la Corte Constitucional que no se estaría cumpliendo. Se trata de la sentencia 704 de 2016 que concedió la protección a una comunidad indígena que dijo ser afectada por la ampliación del Puerto Bolívar, en La Guajira, y la extracción minera de Carbón.
“Ellos (el Cerrejón) saben que tienen que empezar a hablar de un plan de cierre porque el problema no es la demanda sino que el mundo está cambiando (...) la Corte Constitucional ya ha ordenado una revisión del plan de manejo ambiental del Cerrejón, pero eso se convirtió en consultas previas que son amañadas”, puntualizó la abogada.
Señaló que la acción de nulidad que piden al Consejo de Estado está encaminada a “ordenar al Cerrejon revisar la manera como se adjudicaron las licencias ambientales y es necesario que se suspendan o se cancelen hasta tanto esos planes de manejo ambiental no se adecuen a la situación que se está viviendo en la Guajira”.
