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La Comisión de Paz del Congreso de la República se reunió con el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, para discutir el más reciente escándalo de interceptaciones ilegales revelado por la Revista Semana.
Vivanco dijo que estos hechos son muy graves y por eso anunció que desde la ONG adelantarán un proceso de investigación para determinar si los equipos que se habrían utilizado para ‘chuzar’, por parte del Ejército, fueron donados o no por los Estados Unidos.
El director de la ONG internacional afirmó que este material, donado por los norteamericanos, solo debe ser utilizado para labores y operativos judiciales legalmente autorizados contra el narcotráfico, la criminalidad y grupos armados ilegales, pero no contra la población civil.
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“Nosotros haremos las gestiones necesarias, especialmente ante el Congreso de los Estados Unidos, que tiene una labor de supervisión en estos temas, concretamente el Senado y vamos a impulsar medidas para determinar con exactitud si los equipos pertenecen a los Estados Unidos, aquellos que se han utilizado en tareas de espionaje hacia la sociedad civil y a políticos en Colombia”, señaló.
“Luego de eso veremos cuáles son los nuevos cursos de acción, pero aquí lo importante es dilucidar esa incógnita”, añadió.
Vivanco dijo que habría consecuencias para el Gobierno colombiano en caso de que se compruebe que estos elementos donados por Estados Unidos fueron utilizados ilegalmente.
“Si eso se llega a comprobar, podría llegar a representar un problema serio, de tipo bilateral entre Washington y Bogotá, porque las autoridades tendrán que dar las explicaciones del caso y hacer lo mismo con Estados Unidos que permitan comprender qué ha habido en estas circunstancias”, manifestó.
Sobre el general Nicacio Martínez, excomandante del Ejercito Nacional, Human Rights Watch asegura no tener conocimiento de si él es el responsable de los seguimientos ilegales que se habrían hecho a líderes políticos, magistrados y periodistas.
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“No tenemos ninguna evidencia que lo señale él como directo responsable de estos hechos. Sí sabemos que hay funcionarios, personal del Ejército adscrito a tareas de inteligencia, que obviamente hacen parte de una institución que es vertical y jerarquizada, pero hay que determinar cuales son las responsabilidades que les corresponden a las máximas autoridades”, manifestó.
El director de Human Rights Watch también informó que se reunió con el fiscal general de la Nación (e), Fabio Espitia, quien le garantizó que se acelerarán las investigaciones que se adelantan por estas interceptaciones ilegales.
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