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Pagos de indemnizaciones y ayudas para víctimas del conflicto "fueron entregados de manera indebida a terceras personas", dice la Contraloría General de la República en una auditoría que le hizo a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).
De acuerdo con el órgano de control, en algunos casos se falsificaron documentos para darles los pagos a personas a las que no les correspondía. Por esa razón, la Contraloría reportó este hallazgo a la Fiscalía, pues se trata de una conducta que tiene un castigo penal.
También hay "debilidades en el registro y en el cruce de información" que en otras situaciones llevaron a la entrega indebida de las ayudas.
Pero esto no fue lo único que halló la Contraloría. Además, se han acumulado pérdidas por casi 2.200 millones de pesos debido al "manejo de los proyectos productivos" por parte de la Unidad de Víctimas.
De otro lado, se encontraron 70 inmuebles entregados al Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV) por los bloques Cacique Nutibara y Tolima de las autodefensas, así como por la Casa Castaño, que en realidad "no pertenecían a los victimarios, por lo que no han debido restituirse".
Para la Contraloría, esto pone en evidencia"las debilidades del sometimiento a la Ley de Justicia y Paz".
Además, el ente de control dice que el 58% de los 1.027 inmuebles a cargo del FRV están en riesgo de no ser usados para reparar a las víctimas debido a la ausencia de administración.
Al respecto, la Contraloría explica las ocupaciones no autorizadas, con un 47% de los casos, son la principal causa de que estas propiedades no puedan ser administradas.
Le siguen la "minería ilegal o improductividad", con 9%, y el "orden público y difícil acceso", con 7%. También hay "otras variables" que representan el 36%.
Por último, se encontró que cerca de 1,5 billones de pesos fueron llevados al pasivo de la Unidad de Víctimas, pese a que ese dinero, correspondiente a indemnizaciones, debe ser pagado "por los victimarios y no por el Estado de manera directa".
