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Más de 1.300 familias campesinas vinculadas al programa de sustitución de cultivos ilícitos Cáceres, Antioquia, denunciaron que el Gobierno Nacional les debe cuatro meses de pago.
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Según el acuerdo, los productores adelantan la erradicación manual de las matas de coca a cambio de unos beneficios, entre ellos el pago de $2 millones para cada uno y cada dos meses en el Bajo Cauca antioqueño, donde se concentra hasta un 70% de las plantaciones ilegales del departamento.
Este compromiso se suscribió para levantar el paro de los cocaleros hace precisamente un año, para que las familias, que tienen en promedio más de una hectárea con siembras ilícitas, erradicaran y sustituyeran por cultivos agrícolas.
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Sin embargo, ya se corre hacia el quinto mes de la última consignación del programa y no les han informado cuándo se haría efectivo algún abono, aseguró el líder campesino Horacio Rendón.
"En Cáceres lleva cuatro meses de no pago, va para cinco meses. Tiende a que la gente tome decisiones frente al programa como tal, pero esperamos que eso se nos solucione", señaló.
Las familias se han sostenido con la venta de algunos productos agrícolas y ganadería, pero poco a poco pierden la paciencia. Sumado a que, aseguran los representantes cocaleros, varios campesinos fueron excluidos del programa sin darles una razón.
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Los erradicadores esperarán que haya una solución hacia el final de este mes de noviembre, de lo contrario, harán una fuerte protesta y se desplazarían hacia la cabecera municipal de Cáceres para hacer presión al Gobierno Nacional.
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