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El Gobierno Nacional estableció una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en área rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, para la concentración del Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte de las Farc.
La decisión se formalizó mediante un decreto firmado por el presidente Gustavo Petro en el marco de su política de ‘paz total’.
Según el documento, el Gobierno dispuso la medida con el objetivo de avanzar en el proceso de paz y facilitar el tránsito de los integrantes del Frente 33 hacia la vida civil.
“Establecer por siete (7) meses, a partir de la vigencia de la presente resolución, una Zona de Ubicación Temporal - ZUT en área rural del municipio de Tibú (…) que tendrá como objetivo facilitar la implementación de los acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes”, se lee en el documento.
El decreto señala que la delimitación geográfica de la zona tendría carácter reservado. Sin embargo, no se precisaron los mecanismos para verificar el cumplimiento del proceso, aunque se estableció un cronograma inicial.
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“Dentro de la duración de la ZUT, se contará con un plazo inicial de cuarenta y cinco (45) días calendario (…) para el traslado de los miembros del Frente 33 (…) y la adecuación de la zona”, especificó el acto administrativo.
El Gobierno planteó que, durante el funcionamiento de la ZUT, adoptaría medidas eficaces para garantizar la seguridad de los integrantes del Frente 33 y de quienes se encuentren en el lugar. Igualmente, aseguró la protección de los derechos de las comunidades, conforme a su mandato constitucional.
En los próximos días, el Ejecutivo anunció que fijaría mediante un acuerdo las condiciones, responsabilidades y modalidades para la disposición del material de guerra del Frente 33.
También programó la ejecución de un plan de acción para la atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el fin de garantizar su no vinculación a actividades armadas y el restablecimiento de sus derechos.
Finalmente, el decreto contempló establecer garantías de seguridad jurídica para los miembros del Frente 33 y diseñar un plan de transformaciones territoriales para facilitar la sustitución de economías ilícitas y fomentar la producción alimentaria.
