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Estos pretenden darle vía jurídica a la varios de los ejes clave en torno a la estructura de lo acordado con la guerrillea de las Farc.
La urgencia radica en que este lunes se vencen las facultades especiales que le dio el Congreso para expedir decretos de ley en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
El jefe de Estado también se refirió al proyecto de tierras, dividido en dos: un decreto ley que formaliza la tenencia de la tierra, garantiza la propiedad privada y garantiza el acceso a la tierra, a los que la quieran trabajar pero no la tienen: y en segundo lugar, una ley que será sometida a estudio del Congreso.
De acuerdo con el Gobierno Nacional, mediante estas normas se distribuirán tres millones de hectáreas a las 800 mil familias que nunca han podido tener acceso a la tierra y será formalizada la propiedad de 7 millones de hectáreas de campesinos que no han podido legalizar sus títulos.
Según el jefe de Estado, el decreto-ley crea el Fondo Nacional de Tierras, formado por tierras baldías, terrenos que tuvieron proceso de extinción de dominio y aquellos que se puedan comprar a propietarios privados.
Igualmente, este decreto define los beneficiarios y crea un registro único nacional que permite dar prioridad a los que más lo necesitan, pero insistió en que no modifica los procedimientos de expropiación mediante sentencia judicial que están consagrados en la Constitución.
El segundo proyecto regula los programas de desarrollo con enfoque territorial, con el fin de llevar la paz a los territorios de conflicto y prevé 16 planes que cubren 170 municipios en 14 departamentos.
El presidente Santos explicó que el tercer proyecto consiste en implementar en todo el país un catastro moderno, debido a que el país no cuenta con información actualizada y completa de los predios rurales.
"Hoy en día solo un 21.4% de los predios rurales están en manos de propietarios y 19.5% son arrendados. El 59% restante no tiene su propiedad garantizada”, precisó Santos.
Por otra parte, el presidente Santos se refirió al proyecto de reforma constitucional para lanzar el plan de vías terciarias consistente en la construcción de más de 2.500 kilómetros de carreteras en todos los municipios de Colombia.
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