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Rafael Pardo, jefe de la Alta Consejería para el Posconflicto, los Derechos Humanos y la Seguridad, Vista Hermosa (Meta), Cumaribo (Vichada), La Montañita (Caquetá), Tibú (Norte de Santander), y Tumaco, Magüí Payán Roberto Payán, Barbacoas y El Charco (Nariño); son los territorios que se volvieron aliados fundamentales en el proyecto para acabar con los cultivos de coca y marihuana del país.
“Para eso vamos a generar un contrato de trabajo, no una base de datos de subsidios, pero se deben comprometer a no reincidir, ni tener contacto con grupos al margen de la ley; la sustitución de cultivos va por buen camino, Putumayo y Nariño son ejemplo, pero se debe llegar hasta ellos y hablar sobre los miedos que tienen, para de esta manera lograr una confianza plena de cara al postconflicto”, dijo Pardo.
El Gobierno Nacional reiteró que los acuerdos firmados con las organizaciones campesinas incluyen en un principio la eliminación de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra de coca, ni participar en la comercialización ilegal de las materias primas relacionadas con estos.
“Las familias campesinas también cooperarán con la caracterización de las familias y así contribuir a la formalización de la inscripción de familias en el proceso de sustitución de cultivos. A la vez participarán activamente en la construcción, ejecución y seguimiento al Plan Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito y Desarrollo Alternativo; así como participarán en trabajos de obras de interés comunitario”, dijo Rafael Pardo.
Actualmente, son 38 hectáreas de tierras las que están intervenidas por el programa de sustitución voluntaria de cultivos y se espera que en las próximas semanas se firmen acuerdos de sustitución de cultivos de uso ilícito en Tambo, Miranda y Buenos Aires (Cauca), Arauquita (Arauca); Briceño, Anorí y Cáceres (Antioquia); Tierralta y Montelíbano (Córdoba) y Policarpa (Nariño).
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