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En exclusiva, La FM conoció que más de 300 contratos estatales de Gestión del Riesgo con empresas de maquinaria amarilla acumulan una deuda que asciende a 300 mil millones de pesos desde el año 2021. Algunos de estos contratos, según fuentes, habrían sido firmados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, siendo revelados dos casos donde la deuda supera los 4 mil 100 millones de pesos.
Las empresas afectadas señalaron que han intentado comunicarse repetidamente con la entidad, sin obtener respuesta hasta diciembre, cuando se les prometió el inicio de pagos en enero. Sin embargo, un mes después, aún no se han cumplido con los pagos, según lo afirmado por Liliana Bohórquez de la empresa "Organización Tamayo Idarraga S.A.S".
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El actual director de la entidad, Olmedo López, alega que los contratos pertenecen al gobierno anterior. No obstante, RCN Radio consultó con una de las empresas afectadas, Victory R&S SAS, encontrando un contrato firmado en agosto de 2022 bajo la administración actual, generando confusión sobre la responsabilidad.
Por su parte, Liliana Bohórquez, representante de la empresa Ebisu Distribuciones S.A.S, indicó que, "he solicitado con derecho de petición conciliación con Procuraduría y la respuesta siempre es la misma que no tienen recursos y en el mes de diciembre, a raíz de una protesta que hicimos en la entidad, nos informaron que a través de un correo electrónico en enero arrancaban todos los procesos; y que estuviéramos muy pendientes de los correos, pero realmente no ha pasado nada".
Así mismo, muchos de ellos expresaron sentir miedo de denunciar públicamente ante la posibilidad de que la entidad se demore más tiempo en los pagos.
La empresa del señor Pedro Rincón se encuentra entre las afectadas por una deuda considerable, ascendiendo a 4.100 millones de pesos con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y Hacienda.
La deuda proviene de contratos firmados durante el año 2022, específicamente por la prestación de servicios relacionados con maquinaria amarilla y atención de emergencias en diversas zonas del país, incluyendo el municipio de San Antonio del Tequendama.
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La situación destaca la complejidad financiera que enfrentan algunas empresas contratistas, generando preocupación y expectativas de respuesta por parte de las autoridades pertinentes para abordar esta deuda millonaria.
Finalmente, las empresas afectadas afirmaron que continúan a la espera de respuestas y buscan llegar a acuerdos con la entidad para resolver la deuda pendiente.
