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La Contraloría Departamental ha denunciado que 79 funcionarios del Hospital Piloto del municipio de Jamundí, al sur del Valle del Cauca, viajaron a Punta Cana, República Dominicana, con recursos de este centro de salud.
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De acuerdo con las autoridades, el rubro utilizado por estas supera supera los 238 millones de pesos, generando un presunto detrimento patrimonial.
Uno de los viajes se realizó entre el seis y el diez de septiembre de 2018, mientras que el segundo tuvo lugar del 13 al 17 de septiembre del mismo año.
Estos hechos fueron puestos al descubierto mediante una auditoría realizada por la Contraloría Departamental, ante denuncias de la ciudadanía sobre posibles hechos irregulares.
Las inconsistencias estarían tanto en los gastos asumidos por los viajes, como en el salario de la directora del hospital, Ligia Elvira Viáfara, y otros funcionarios, los cuales están por encima de la escala salarial establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública.
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El objetivo del viaje, tal y como lo señala uno de los apartes del informe del ente de control fue “realizar una salida institucional con el fin de promover la integración y capacitación en el SER, como estrategia para mejorar el clima laboral".
Esto "a través de las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo, por medio de un liderazgo de cada colaborador, que nos permita alcanzar un ambiente idóneo y amigable con el fin de elevar sus niveles de satisfacción personal y laboral reflejado en una mayor productividad.”
La Contraloría del Valle del Cauca indicó que para justificar dicho viaje se tuvo que realizar estudio previo del clima laboral, que no se ejecuta desde el año 2015, cuando la norma lo establece cada dos años.
Añade el órgano de control que el estudio estaba programado para noviembre del 2018, justo cuando ya se había firmado el contrato con la agencia de viajes en el mes de mayo.
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Finalmente la Contraloría Departamental recordó que mediante varios decretos está prohibida la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público.
Por lo tanto se iniciaron varias investigaciones disciplinarias, fiscales y penales, por detrimento patrimonial, teniendo en cuenta que la entidad no agotó los requisitos previstos por Ley para llevar a cabo este tipo de actividades.
