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La Fiscalía General negó ser responsable del vencimiento de términos que llevó a la libertad de la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, investigada por su supuesta responsabilidad en corrupción de contratos.
Según la Fiscalía, alrededor de 6 meses del proceso fueron dedicados a hacer efectivo el cambio de la radicación del expediente judicial que se seguía en Maicao para que fuese trasladado a Bogotá, tras advertir que no existían garantías para seguir con la investigación.
El juzgado 23 de garantías de Bogotá aseguró que la exgobernadora Pinto llevaba 371 días privada de la libertad, sin que a la fecha la Fiscalía hubiera descubierto todas las pruebas a la defensa para poder dar inicio al juicio contra Pinto.
“Fiscalía no es responsable por vencimiento de términos en caso de Oneida Pinto. Desde el escrito de acusación 31 mayo 2017 existía un plazo de 240 días para iniciar el juicio. De estos, 6 meses se consumieron en cambio de radicación porque proceso en Maicao no ofrecía garantías”, dijo la Fiscalía a través de su cuenta en Twiter.
Los fiscales aseguraron que el caso no quedará en la impunidad y el 5 de julio se dará inicio a la audiencia preparatoria del juicio contra la exgobernadora de la Guajira.
“Proceso contra Oneida Pinto continuará con la exgobernadora en libertad. El 5 de julio iniciará audiencia preparatoria y luego juicio, en el que Fiscalía espera condena por presunta apropiación de recursos de Albania, Guajira, para prevenir mortalidad infantil. Habrá justicia”, indicó la Fiscalía.
A La exgobernadora Oneida Pinto se le sindica de ser supuesta autora de los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales, peculado, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido en celebración de contratos.
La investigación contra Oneida Pinto se relaciona con las irregularidades detectadas en dos contratos por 18.600 millones de pesos, los cuales buscaban reducir la mortalidad infantil en el municipio de Albania en 2007 cuando fungió como alcaldesa de ese municipio.
En su momento, los investigadores establecieron que los convenios fueron ejecutados parcialmente, sin que se cumpliera a cabalidad el objetivo para el cual fueron suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania.
La Fiscalía estableció que en el proceso de ejecución de estos convenios se designaron diez coordinadores, quienes a su vez, subcontrataron con cerca de 1.600 personas y a cada uno de ellos se les pagó alrededor de 1 millón 200 mil pesos para que dictaran charlas y visitas a madres gestantes, lactantes y adelantarán jornadas de vacunación.
Según trascendió, entre los sub-contratistas se encontraron personas que no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas, como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros.
