Farc cobraría vacuna para permitir transporte de insumos a colegios

La Defensoría del Pueblo reveló la situación tras conocer graves denuncias formuladas por el contratista encargado del aprovisionamiento hacia esas instituciones académicas, respecto a la intromisión de grupos armados ilegales que impiden su labor.

Según lo expresado por la empresa operadora para el suministro de los productos perecederos, los combustibles necesarios para asegurar la preparación de las comidas, los elementos de aseo asignados a los colegios y demás insumos con destino a los estudiantes, presuntos guerrilleros de las Farc apostados sobre el río Urilla habrían impedido el paso de una embarcación con estas materias primas, condicionando el futuro tránsito de la misma al pago de una suma considerable por parte del contratista.

De acuerdo con el relato expuesto en comunicación oficial del pasado 14 de abril y dirigida a la Gobernación del Departamento, los hechos ocurrieron en un sitio conocido como El Zancudo, en la vereda La Unión del municipio de Calamar, donde hombres fuertemente armados que se identificaron como miembros de las Farc detuvieron la embarcación, lanzaron la advertencia y obligaron al retorno de la misma sin que los elementos requeridos pudieran llegar a su destino.

Los presuntos guerrilleros habrían manifestado que de no efectuarse el pago por ellos exigido, se impediría el acceso del operador a todas las instituciones educativas localizadas en su área de influencia.

El contratista advirtió que al ser retenidos por tanto tiempo, los víveres entraron en deterioro y además de no ser entregados tuvieron que ser desechados.

Aunque la empresa dispuso un plan de contingencia que permitiría el aprovisionamiento de víveres frescos durante cuatro días, la continuidad en el suministro de los alimentos está en riesgo.

Ante esta situación se llevó a cabo un consejo de seguridad con el propósito de establecer si en efecto son las Farc el actor que restringe el paso de los insumos y extorsiona al contratista, y para que se den las garantías suficientes y permanentes a fin de proteger los derechos de la comunidad académica en el departamento del Guaviare.