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Campesinos reunidos en la vereda el Tapir de la Macarena (Meta) preparan bajo reserva y por razones de seguridad, la entrega este miércoles de los dos militares que mantienen retenidos desde la semana anterior, en medio de las protestas por las acciones de las autoridades en contra de las autoridades.
Katherine Zapata López, secretaria de Gobierno del Meta, confirmó los trámites que se hacen entre las instituciones y las comunidades campesinas para la liberación de los dos soldados.
La entrega de los dos uniformados, que aun no tiene lugar ni hora definida, se hará en medio de condiciones de seguridad tanto para los soldados como para los campesinos que se mantienen agrupados en las selvas de La Macarena sur del Meta.
La entrega sería con el acompañamiento de los Asesores de Paz del Caquetá y del Meta, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones del orden nacional.
Los campesinos en un comunicado habían advertido que la liberación de los dos integrantes de la fuerza pública se realizaría a una comisión integrada por la Iglesia Católica, Defensoría del Pueblo y un delegado de las organizaciones de Derechos Humanos convocadas por los habitantes de ese territorio”, dicen en el pliego de peticiones.
Este anuncio se dio luego de que el martes la comisión de la Defensoría del Pueblo que había hecho presencia, abandonara la zona, tal como lo confirmaron los campesinos quienes aseguraron que las diferentes instituciones se negaron a participar en una mesa de concertación en la que aseguran se pretende dar una salida pacífica a los conflictos y la entrega de los dos soldados que aún permanecen retenidos.
En medio de esta crisis, los más de 3000 campesinos que habitan en estas áreas protegidas, denunciaron que tras dos años de haber abandonado y sustituido los cultivos ilícitos, han solicitado al Gobierno Nacional el acompañamiento para generar prácticas que reduzcan el fenómeno de la deforestación recibiendo del estado engaños y negativas.
Aducen que de reanudarse las mesas de concertación se harán sólo bajo la presencia de la Procuraduría General de la Nación la, Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de la Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Iglesia Católica y los alcaldes de los municipios de San Vicente del Caguán y La Macarena y Uribe en el Meta.
