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La Procuraduría General de la Nación expresó un profundo rechazo a las acciones criminales de las organizaciones Ejército de Liberación Nacional (ELN), Clan del Golfo y Disidencias de las Farc, contra la población del departamento de Chocó.
El poder público mostró su preocupación al señalar que la comunidad civil más vulnerable es la que está muy afectada al tener que estar sometida a la crueldad de sus acciones en virtud de sus enfrentamientos.
En el comunicado, la Procuraduría afirmó que el llamado “paro armado” decretado por el ELN en esa región del país es inaceptable.
“Toda vez que mantiene confinadas a más de 10 mil personas, según lo ha dicho la señora gobernadora del departamento, Nubia Carolina Córdoba”, señaló.
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Dijo que también es reprochable y condenable que estas organizaciones criminales hayan sembrado de minas antipersona un amplio territorio de ese departamento, poniendo en riesgo a la población civil.
“Como jefe del Ministerio Público solicito al Gobierno Nacional y demás autoridades actuar con urgencia para proteger a la población civil de estas agresiones inaceptables. Debo recordarles al Gobierno nacional y a las demás autoridades que son fines esenciales del Estado (...) mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, sostuvo.
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Afirmó que la Procuraduría General de la Nación seguirá atenta con su labor de vigilancia y seguimiento a las acciones de las autoridades para prevenir la consumación de riesgos contra la vida e integridad de las comunidades y garantizar el ejercicio de sus derechos.
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