En Córdoba quieren judicializar la política, advierten en la Cámara

El Consejo de Estado recientemente admitió la demanda de pérdida de investidura en contra del representante Andrés David Calle por un supuesto conflicto de intereses. En su defensa, el congresista, a través de sus abogados, dijo que detrás del proceso hay intereses electorales para “sacarlo del camino”.

En un comunicado, los abogados señalaron que todo obedece a una serie de ataques por sus denuncias sobre dineros procedentes del narcotráfico en algunas campañas en el departamento de Córdoba.

Y es que recientemente Calle advirtió en debates de control político que los grupos armados quieren amenazar el proceso electoral con desplazamiento de los campesinos del departamento y hasta revictimización de los afectados en el conflicto armado.

Por eso, los abogados del legislador en su comunicado señalaron que la demanda no tiene argumentación jurídica porque solo presenta “conjeturas” y no tiene pruebas de fondo. En ese sentido, la defensa aseguró que demostrará que no hay tal conflicto de intereses.

“Los demandantes son los señores Moisés Ramón Nader y Juan Carlos Marchena quienes en el pasado fueron alcaldes del municipio de donde es oriundo el representante Calle (...) sus administraciones se caracterizaron por las irregularidades administrativas y el abandono ciudadano. Estos sujetos intentan volver a la arena política aliándose con el candidato José David Cura, quien ha ocupado los titulares de diferentes medios por sus presuntos nexos con el narcotráfico”, señaló la defensa en su misiva.

Por último, los abogados del representante advirtieron que en Córdoba un sector quiere judicializar la política.

Lo cierto es que desde la Defensoría del Pueblo ya se alertó hace unos días de los serios líos que se viven en Córdoba en medio del proceso electoral.