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La Defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió en entrevista con La FM de RCN sobre la grave situación humanitaria que se vive en el sur del país, tras el paro armado decretado por las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco. La funcionaria explicó que estos hechos coinciden con recientes operativos de la fuerza pública en la región y generan riesgos crecientes para las comunidades.
“Lo que está ocurriendo en el sur del país se enmarca en una alerta estructural que emitimos a comienzos de este año, la 001 de 2025,” explicó Marín. “En esa alerta advertimos sobre la confrontación entre dos líneas de disidencias: las de Mordisco, y las de Calarcá, que está en diálogos con el Gobierno.”
La Defensoría del Pueblo ha recibido reportes preocupantes de varios municipios del Caquetá como Solano, Puerto Rico, La Montañita y Cartagena del Chairá, donde las comunidades están sufriendo limitaciones de movilidad por tierra y río, además de afectaciones en el acceso a bienes básicos.
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“Esto implica restricciones a la navegabilidad por el río Caguán, así como restricciones en general a la población relacionadas con acceso a alimentos y la educación,” señaló. Aunque coincide temporalmente con las operaciones de las autoridades contra Iván Mordisco, la defensora aclaró que no se puede afirmar una relación directa. “Sí coincide, digamos, temporalmente con los operativos. Inclusive se habló de su posible baja y luego se encontraron pertenencias de él. Estuvieron muy cerca,” puntualizó.
Frente a la magnitud del impacto, Marín dijo que aún no hay un estimado de cuántas personas estarían afectadas. “Esperamos que se convoque rápidamente un comité territorial de justicia transicional para hacer el estimado y definir las ayudas humanitarias necesarias,” agregó.
Además, la Defensora del Pueblo comparó la situación con lo vivido recientemente en el Catatumbo. “El desplazamiento es permanente en la zona. Hemos recibido 300 personas en veredas rurales de Ocaña en los últimos días. Además, están llegando desplazados del Catatumbo a Bogotá,” advirtió.
Sobre la reubicación de desplazados en Puerto Boyacá, Marín reveló que no hubo buena acogida. “Hubo un ambiente muy hostil hacia estas comunidades desplazadas. Ahora están siendo reubicadas en Bogotá mientras la situación se controla,” indicó.
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En otro tema abordado durante la entrevista, Iris Marín también se refirió a la terna presentada por el presidente Gustavo Petro para reemplazar a la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional. Aunque aclaró que no se pronuncia sobre nombres específicos, sí fue enfática en que se deben garantizar criterios de independencia y paridad de género.
“Nosotros hemos promovido que haya ternas solo de mujeres para ampliar la participación femenina. No es una lucha contra los hombres, sino por la inclusión de las mujeres,” señaló. “Lo justo es que haya paridad. Hoy el 55 % de la rama judicial está conformada por mujeres, pero solo el 29 % ocupa altos cargos,” afirmó.
Sobre la posibilidad de que la Corte Constitucional pierda independencia si se elige a alguien cercano al Ejecutivo, Marín fue clara: “La magistratura debe ser ejercida por personas que sean independientes al Gobierno. Se habla del deber de ingratitud: no se deben a quien los terna ni a quien los elige, sino a la Constitución.
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