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El presidente Iván Duque, en medio del evento en donde se presentó el Plan de Transparencia y Seguridad para las Elecciones de octubre de 2019, afirmó que se requiere materializar la posibilidad de que se pueda ejercer una revisión y actualización del código electoral que tiene Colombia.
El Jefe de Estado señaló que el código electoral debe estar ajustado a las necesidades reales que tiene el país, enfocado a castigar con severidad los delitos electorales.
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"Yo personalmente creo que debemos hacer una revisión del código electoral y actualizarlo a las necesidades de nuestro tiempo, y queremos trabajar todos para que demos ese paso trascendental, con miras a que se pueda blindar con mayores herramientas ese proceso en donde se debe castigar la corrupción electoral con severidad”, sostuvo Duque.
Y añadió: “Considero importante que nosotros reflexionemos sobre medidas que son urgentes, tener esa discriminación en donde puede haber financiamiento corporativo en los cargos regionales y no en las presidenciales no tiene explicación alguna, debemos buscar que el financiamiento fuera por personas naturales en todas las elecciones”.
El Gobierno Nacional presentó el denominado ‘Plan Ágora’, la estrategia que se implementará en el país para garantizar la transparencia y libre desarrollo de las elecciones regionales de este 2019.
La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, dio a conocer los factores de riesgo que existen, de cara a estos comicios que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre.
Según advirtió la funcionaria, grupos narcotraficantes, delincuenciales y carteles de corrupción, quieren permear este proceso.
“El paso de 49.000 hectáreas de coca en el año 2012, a 209.000 hectáreas en el año 2018, multiplicaron por cuatro la capacidad de los grupos mafiosos que pretenden utilizar las elecciones del mes de octubre para tener un control territorial”, indicó Gutiérrez.
La ministra señaló que son 130 los municipios que están en riesgo, por posibles irregularidades electorales.
“El presupuesto público, en un monto cercano a los 15 billones de pesos, está en juego en esos 130 municipios".
"La principal amenaza de la democracia colombiana es la posible captura del Estado por parte del crimen organizado a través de la financiación ilegal de campañas, la violencia en todas sus dimensiones, amenazas, homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes de acción comunal, periodistas, delitos electorales y la corrupción administrativa”, indicó la funcionaria.
