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Habitantes de Buriticá, occidente antioqueño, presentaron denuncias ante la Fiscalía por las presuntas amenazas que la Policía estaría ejerciendo en los operativos contra la minería ilegal. Los uniformados estarían advirtiendo que los mineros pueden perder la custodia de sus hijos, si no abandonan la zona.
Soraya Jaramillo, representante de la Mesa de Concertación Minera del occidente antioqueño, aseguró que los cerca de mil 100 policías y 400 soldados que adelantan los operativos, están expulsado familias de manera indiscriminada.
Lo más preocupante, según Rubén Darío Gómez, Secretario General de Conalminercol, es que la Gobernación de Antioquia ha expulsado 2 mil 300 personas, entre ellas 300 trabajadoras sexuales, a quienes no se les han ofrecido alternativas de empleo, lo que podría afectar el orden publico de los municipios aledaños.
Por su parte, la Gobernación de Antioquia explicó que durante los trece días de la operación contra la minería ilegal en Buriticá, no se han presentado altercados, homicidios ni extorsiones, pese a que en el municipio había una fuerte presencia del Clan Úsuga.
