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Ante la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo con la Subestructura Baudó y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través del Frente Resistencia Cimarrón, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Estructural 034 de 2022 para los municipios del Alto, Medio y Bajo Baudó, en el departamento de Chocó.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que el riesgo para las comunidades de esta zona está determinado por el control territorial que ejercen las AGC en la mayoría de las comunidades étnicas que habitan en la subregión del Pacífico Sur; mientras que el ELN se ha replegado, producto de las constantes incursiones y enfrentamientos sostenidos con las AGC, en las cabeceras de los ríos Baudó, Purricha, Docampadó, Misará y Dubasa, donde se evidencia el interés de retomar el control e influencia que ejercieron sobre todo en los municipios de Alto y Bajo Baudó.
“Este territorio resulta estratégico para los grupos armados ilegales, dada la posibilidad de comunicar el norte del departamento del Valle del Cauca, por el cañón de Las Garrapatas, con la subregión chocoana del San Juan y el Océano Pacífico, lo que configura un importante corredor de movilidad, abastecimiento y explotación de actividades ilegales”, dijo el defensor del Pueblo.
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Estos dos grupos armados ilegales tienen interés de tener el control territorial y poblacional del municipio del Medio Baudó, en donde se encuentra el puerto fluvial más importante de la región y se abastece de bienes y servicios a los municipios cercanos. Camargo agregó que los factores de amenaza y las conductas vulneratorias advertidas para la población se ven traducidas en desplazamientos masivos e individuales y confinamientos.
Según la información del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, preocupan los señalamientos, estigmatización y amenazas contra de familiares de personas a las cuales se les sindica de ser colaboradores de los actores armados en disputa. De la misma forma, se advierten restricciones a la movilidad, lo cual implica limitación de las actividades necesarias para la subsistencia de las comunidades étnicas.
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A lo anterior se suman accidentes con minas antipersonal; extorsiones a contratistas de obras públicas, comerciantes, servidores públicos y transportadores; reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes y homicidios; entre otros.
Los factores de vulnerabilidad de ese territorio están relacionados con la escasa presencia de las instituciones del Estado, la ausencia de vías terrestres que mantiene en aislamiento al 85 % de las comunidades que componen a esta subregión, carencia o deficiencia de servicios públicos domiciliarios (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica), la deficiente atención en salud, la poca inversión en educación, la escasa oferta de vivienda, entre otros asociados a vulnerabilidades institucionales, vulnerabilidades territoriales y sociales.
