Defensoría alerta: Gobierno no tiene fondos para indemnizar a víctimas

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, advirtió al gobierno nacional que el Estado colombiano no cuenta a la fecha con los recursos suficientes para el proceso de reparación integral de la totalidad de las víctimas del conflicto armado en el país. 

La advertencia de la jefe del organismo de control se dio en el marco del XII Informe de Seguimiento a la implementación de la ley de víctimas, (1448 de 2011). Dicha ley concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de todas las víctimas del conflicto armado en el país. 

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Pese a que la ley 1448 tiene vigencia hasta 2031, la defensora Marín advirtió que hasta la fecha se ha reparado solo la cuarta parte de las víctimas en todo el territorio nacional. Es decir, 2 millones 150 mil de ellas.

Sin embargo, según cálculos de la Comisión que hace seguimiento a este proceso, se necesitarían alrededor de 101,1 billones de pesos a precios constantes de 2025, para que hasta 2031 estén indemnizadas las totalidad de las víctimas. 

Esta posible alerta de desfinanciación también fue presentada ante el Congreso de la República. Según la Comisión de Seguimiento a los Decretos Ley Étnicos 4633, 4634 y 4635 de 2011, los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros y rom o gitano en Colombia son los que más han sido afectados por causa de la violencia. 

La defensora Marín Ortiz también aprovechó para hacer un llamado al gobierno nacional, en el sentido que no solo discuta los beneficios penales que recibirían cabecillas de grupos ilegales en el marco de la 'ley de sometimiento', sino que ponga como prioridad en el centro de la discusión a las víctimas del conflicto armado.

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"A pesar de contar con un marco normativo sólido, su atención ha sido insuficiente, se han destinado más de $13 billones a la política de víctimas étnicas entre 2016 y 2025, pero la falta de ejecución de los recursos, como lo demuestran los $1,5 billones que no se usaron en 2024, evidencia fallas en la gestión y retrasa el cumplimiento de los compromisos con estas comunidades": señaló el órgano de control.