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La Contraloría General de la República encontró serios problemas en el sistema penitenciario colombiano tras una auditoría a la USPEC, el INPEC y el Ministerio de Justicia.
El objetivo era verificar si se estaban cumpliendo las órdenes de la Corte Constitucional para mejorar las condiciones en las cárceles. El resultado: 119 hallazgos, de los cuales 15 son fiscales, por un total de $78.400 millones perdidos por incumplimientos.
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La Corte había ordenado que varias obras carcelarias estuvieran listas antes del 21 de abril de 2025. Sin embargo, ninguna fue entregada a tiempo, lo que ha dejado 4.783 cupos carcelarios sin usar, por retrasos en nuevas cárceles en Pereira y Sábanas de San Ángel, y en ampliaciones en Itagüí y Buga.
Entre los problemas detectados hay calderas dañadas, techos sin impermeabilizar, cocinas fuera de servicio, equipos, centros de producción y vehículos de transporte de alimentos están en mal estado, lo que pone en riesgo la salud de los internos.
Se detectaron tres hallazgos fiscales por $64 millones por equipos médicos dañados en cárceles de Bogotá y 4.124 órdenes de medicamentos sin entregar. También hay problemas con el estado de las enfermerías, que presentan humedad, deterioro y falta de espacios para tratar enfermedades contagiosas.
En todos los Centros de Detención Transitoria (CDT) visitados hay hacinamiento grave, en ciudades como Quibdó, Barranquilla y Bucaramanga, la sobrepoblación llega al 500 %, el informe revela que hay personas condenadas que llevan más de 7 meses en estos lugares, cuando deberían estar en cárceles
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Muchos centros no tienen internet ni equipos para realizar audiencias virtuales, lo que “impide el oportuno acceso a la administración de justicia, en los términos exigidos por la Corte Constitucional”.
El informe muestra un sistema carcelario en crisis, que necesita atención urgente para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad.
