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La Corte Constitucional, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz, protegió los derechos fundamentales del ciudadano afrocolombiano, Darwin Moreno Hurtado, quien trabajaba en la Embajada del Reino Unido e Irlanda del Norte como asistente de visas y a quien por su identidad étnica y sus creencias religiosas, la Embajada le inició un proceso disciplinario y terminó despidiéndolo de su cargo.
Señaló el alto tribunal que a pesar que la Embajada misma reconoció que sólo existían rumores en su contra, le impuso una sanción, dejándolo en observación por un año luego de escuchar el relato de uno de sus compañeros que aseguraba que en una conversación privada Moreno había culpado a su superior en la Embajada de hacerle brujería, de robarle un celular para poder efectuar un “amarre”, y reconoció haberle perseguido con el objetivo de hacerle brujería.
Igualmente, Moreno manifestó que nunca conoció las acusaciones formuladas en su contra, lo cual le impidió defenderse en el proceso disciplinario, con lo que para la Corte no solo se le vulneró su derecho a defenderse, sino que se le discriminó por su identidad étnica, por lo que la Corporación estableció que “los empleadores no pueden ejercer su poder disciplinario en contra de alguien por su identidad étnica ni por sus creencias religiosas, por particulares que éstas les parezcan”.
Así las cosas, la Corte Constitucional aclaró que aunque respeta la inmunidad de las misiones diplomáticas, le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que si la Embajada no reintegra al demandante, intente una aproximación diplomática directa. Si las vías diplomáticas fallan, la Cancillería debe interponer los recursos administrativos y medios de defensa judiciales respectivos en el Reino Unido. Si estos mecanismos administrativos y judiciales en el Reino Unido fallan, debe interponer los mecanismos y recursos internacionales que sean necesarios para garantizar la protección de los derechos fundamentales de Moreno.
