Contraloría: escándalo de la alimentación escolar supera los $62 mil millones

El jefe del organismo de control informó que tras varias auditorías realizadas en el segundo semestre, en 17 departamentos, se descubrieron hallazgos fiscales por $32.943 millones.

“Si a esto se le suman los resultados de la Actuaciones Especiales que se realizaron previamente al PAE en la Guajira y la Costa Caribe, donde se evidenciaron hallazgos fiscales por $16.982 millones y $12.745 millones respectivamente”, sostuvo Maya Villazón.

De acuerdo al jefe de dicho ente de control, se han detectado irregularidades en el manejo de recursos del PAE, en 14 departamentos, que acumulan una incidencia fiscal por $62.481 millones.

En tan solo cinco departamentos, señala Maya, se concentran los mayores hallazgos fiscales de estas nuevas actuaciones: Santander ($8.461 millones), Huila ($7.761 millones), Cesar ($6.709 millones), Casanare ($2.459 millones) y Norte de Santander ($1.776 millones).

La Contraloría encontró por ejemplo que, como ha salido a la luz en La Guajira, Cesar y Magdalena, existe un entramado de contratación alrededor de la ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en varios de los departamentos recién auditados.

“Desde el año 2012, en el Departamento de Arauca se ha ejecutado el Programa de Alimentación Escolar a través de un solo contratista, bajo la modalidad de selección abreviada, a la que se presentó como único proponente Ferry Services Ltda”, reveló.

Esta situación se prolongó hasta el primer semestre de 2016, periodo en el que, como integrante de una Unión Temporal, también salió favorecida la referida firma con la adjudicación de esta contratación.

Esto quiere decir que en los últimos cinco años, el Departamento de Arauca adjudicó contratación por $49.631 millones a la misma persona jurídica.

Este mismo proponente contrato en el departamento de Casanare. En esta región, Ferry Service Ltda (ya sea de manera directa o formando parte de una unión temporal o consorcio), participó en tres contratos.

En Boyacá, la Fundación para el Desarrollo Social FUPADESO, contrató con 30 municipios en la vigencia 2015 y con 31 en 2016. La Fundación Somos Manos Unidas, contrato con 16 municipios en la vigencia 2015 y con 17 en 2016.

En Meta, la Unión Temporal Nutrición Escolar 2015 conformada por Alimentos del Valle S.A y Mariela Rubiela Gómez de Molano, suscribió contratos en las vigencias 2015 y 2016 con la Gobernación de este departamento.

También en La Guajira y Cesar se presentan irregularidades, donde los hallazgos fiscales suman $23.500 millones, dos contratistas (Ivis del Carmen Rosado Robles y María Angélica Araujo Noguera) concentran la operación en ambos departamentos.

Igualmente, el operador de alimentación escolar denominado Fundación Acción Social Integral – ACSI (antes Kabala) suscribió en la vigencia 2016 contratos con la Gobernación del Cesar por $17.269 millones y con la Alcaldía del municipio de Valledupar por valor de $12.312 millones.

En ambos casos el representante legal de ACSI, quien suscribió los contratos, fue Jorge Luis Fuentes Sallago.