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La Contraloría General de la República entregó un informe presupuestal sobre la inversión que ha realizado el Gobierno Nacional, en los últimos ocho años, para atender a las víctimas del conflicto armado en Colombia.
El informe contiene el costeo de aproximadamente catorce medidas con proyección al 2030, evidenciando que se requiere un esfuerzo fiscal de más de 357 billones de pesos, para cumplir con lo estipulado en la Ley de Víctimas.
Según el organismo de control, el esfuerzo fiscal por parte del Estado resulta "insuficiente" para atender el universo para atender el universo de víctimas, que actualmente supera los nueve millones.
“El Gobierno, en audiencia pública en la Corte Constitucional en 2019, expresó que hasta el 2021 requeriría recursos por 240 billones de pesos para atender a 8,9 millones de víctimas o de 339 billones de pesos para atender a 13 millones de víctimas”, afirmó el contralor Delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón.
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El informe del organismo también indica que entre los años 2012 y 2020 se asignaron 118 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación (PGN) y del Sistema General de Participaciones (SGP) a la atención de las víctimas, en el territorio nacional.
“El Gobierno Nacional requiere realizar un costeo detallado por componente, medida de la ley, decretos y la expedición de un nuevo Conpes”, indicó el funcionario de la Contraloría.
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En los últimos ocho años la mayoría de los recursos se han invertido en cinco frentes: educación y salud, con una inversión de 197 billones de pesos; indemnización administrativa con 48 billones de pesos; vivienda con 26 billones de pesos, alimentación con 24 billones de pesos y reubicación con 20 billones de pesos.
