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La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la decisión que tomó el exministro de Transporte Guillermo Reyes, de haber congelado los peajes a nivel nacional, ocasionaría que el Gobierno tenga que pagar $1 billón.
En ese sentido, el organismo de control aseguró que es necesario que se tomen las medidas correspondientes para cumplir a cabalidad los contratos de concesión pactados previamente.
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“Se corre el riesgo de que para los once contratos concesionados viales de Iniciativa Privada (IP) vigentes, la afectación pueda ser aún mayor”, indicó.
La Contraloría General también explicó que la afectación en 2023 alcanzó un valor cercano a los $ 610.000 millones y agregó que de no autorizarse prontamente el ajuste hoy restante del 4,64%, la afectación en 2024 podría alcanzar los $410.000 millones, para un total de $ 1,02 billones, los cuales deberán ser pagados por la ANI con cargo al Presupuesto General de la Nación.
“Preocupación de que las cifras se puedan incrementar sustancialmente, por los posibles efectos de las decisiones que adopten los cuatro tribunales arbitrales. Los recursos que no entran por el congelamiento de los peajes son asumidos por la Nación, es decir, todos los colombianos terminamos pagando con nuestros impuestos esas compensaciones, así no utilicemos esas vía”, advirtió ese organismo.
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La Contraloría le reiteró al Ministerio de Transporte y a la ANI, que considera que el proyecto restauración del Canal del Dique es importante para la Nación, e insistió en la necesidad de avanzar en esa iniciativa para evitar una terminación anticipada de dicho contrato, que obligaría a la ANI a pagar al concesionario hasta $ 350.000 millones sin haber recibido a cambio las obras previstas.
