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El contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, remitió una Alerta de Control Interno al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Imprenta Nacional de Colombia, advirtiendo que persiste una situación de riesgo en la producción de pasaportes, pese a los convenios interadministrativos suscritos recientemente entre ambas entidades.
“De no adoptarse medidas extraordinarias, es inminente la concreción del riesgo de afectación de la libertad de locomoción consagrado en la Carta Política de 1991, el cual se garantiza con la adecuada prestación de la función pública de expedición de pasaportes y documentos de viaje a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores”, señala el ente de control.
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El pasado 18 de julio, la Imprenta Nacional y el Fondo Rotatorio del Ministerio suscribieron el “Convenio Marco Interadministrativo de Cooperación No.007 de 2025” y el “Convenio Interadministrativo Específico No.001 de 2025”, mediante los cuales se fijó el 31 de marzo de 2026 como nueva fecha límite para la implementación del nuevo modelo.
Sin embargo, la Contraloría advierte que hasta el momento no se ha definido quiénes serán los aliados estratégicos de la Imprenta para ejecutar el modelo ni bajo qué modalidad serán seleccionados. “No se condiciona el tipo de aliado estratégico ni la modalidad de selección con el que la Imprenta Nacional puede suscribir contratos para la ejecución del modelo”, indicó.
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El órgano de control también advirtió que el contrato actual de prestación del servicio de expedición y personalización de las libretas vence el 31 de agosto de 2025. A la fecha, no se han firmado nuevos contratos ni por parte de la Imprenta Nacional ni por el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que pone en riesgo el cumplimiento de esta obligación estatal.
En comunicación enviada a los jefes de control interno de ambas entidades, el Contralor Delegado para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, Luis Enrique Abadía García, señaló que tanto el Ministerio como la Imprenta Nacional “se encuentran en latente riesgo de incumplimiento de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia y el numeral 5 del artículo 25 del Decreto 869 de 2016”.
Finalmente, la Contraloría General instó a las entidades responsables a adoptar autónomamente las acciones necesarias para mitigar el riesgo identificado.
Advirtió que, de no garantizar la continuidad del servicio, podrían derivarse graves implicaciones sociales por la afectación de un servicio esencial para el ejercicio del derecho a la libre circulación.
