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La Defensoría del Pueblo reveló que en el 2023 en el país más de 120 mil personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento, registrando 154 eventos, lo cual representa un incremento del 7% en comparación con el 2022, cuando sucedieron 144 hechos de la misma naturaleza.
Cabe mencionar que, en el año anterior se presentaron 215 eventos de confinamiento, lo cual significa un incremento del 63% en comparación con el 2022, cuando se registraron 132.
Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el control territorial fueron la causa principal de más del 50% de los eventos en el 2023. Los combates alcanzaron un nivel de afectación considerable debido a las alianzas entre diferentes estructuras armadas al margen de la ley para obtener una hegemonía en el control territorial.
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Por lo anterior, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, le hizo un llamado prioritario al Gobierno para que ejecute estrategias de protección de los colombianos. Para el funcionario es vital trabajar en acciones preventivas con la finalidad de que no haya más desplazados y confinados en el país.
Los departamentos con mayor víctimas de desplazamiento forzado masivo fue en Nariño el más afectado, con 58 eventos, que impactaron a 9.445 familias, le siguen Chocó; con 19 reportes, Valle del Cauca; con 16, Antioquia; con 15, Cauca; con 13 y Bolívar, con nueve.
“El desplazamiento forzado masivo es una realidad que en Colombia sigue aumentando y no tiene el impacto mediático como en otros países. En nuestros territorios se repite, dejando un dolor familiar y un daño social difíciles de solucionar. Hoy quiero llamar la atención del país porque en el 2023 fueron más de 54 mil personas las que debieron abandonar sus hogares como víctimas de este flagelo en 17 departamentos”, explicó el defensor Camargo.
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El principal factor de riesgo evidenciado de esta problemática es el aumento de los cultivos de uso ilícito, que ha provocado el incremento de la violencia en diferentes zonas y disputas territoriales de los grupos armados ilegales. Con lo cual también se intensifican los homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y reclutamiento de niños y adolescentes, entre otras conductas vulneratorias de los derechos.
