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Tras analizar el proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía de Cartagena que pretende instalar un peaje en Barú, para mitigar el acceso a la zona de Playa Blanca, el Centro de Estudios del Trabajo de esta ciudad, reveló que no confía que sea una iniciativa ‘social’, para el director de la entidad, Leonardo Jiménez, es falso que las comunidades de Barú, Santa Ana y Ararca recibirán recursos provenientes del recaudo peaje, porque la ley 105 de 1994 y la sentencia C-482 de 1996 de la Corte Constitucional lo prohíbe.
Para Leonardo Jiménez “no se le está diciendo la verdad a las comunidades” y agregó que dentro de las consideraciones finales de mencionado proyecto (049 de 2017) “se señala que no es posible eso desde el punto de vista legal” e indicó que la solución financiera que plantea el distrito es que esos 13.000 millones, que es el valor que le corresponde a los tres corregimientos en inversión social durante el tiempo de funcionamiento del peaje, salgan de otros ingresos, pero sin que se especifique.
Otra de las inconsistencias que tendría el proyecto de acuerdo, según el Centro de Estudios del Trabajo, está en la administración de mencionado peaje, debido a que no estaría en manos del distrito de Cartagena y va en contravía de lo que ha anunciado el departamento administrativo de valorización, “lo que señala el mismo proyecto es la existencia de un operador del peaje, que se le va a garantizar una tasa de ganancia del 15%”
El proyecto de acuerdo contempla un proceso de licitación y de construcción del peaje en cuatro meses, y con un costo de 25.400 millones, el director de CedeTrabajo Capitulo Cartagena no considera que se pueda cumplir mencionados términos, “la experiencia que nosotros tenemos es que una licitación que se hace en ese tiempo tan corto no sale bien”.
La instalación del peaje, que tendría una duración de 10 años (entre el 2017 al 2027), pretende recaudar 26.899 millones de pesos durante su funcionamiento, basado en las proyecciones del flujo de vehículos que pasen por la vía, una ecuación que para el centro investigativo no tiene un sustento técnico porque en el proyecto de acuerdo no se tiene un estudio de tráfico y demanda de movilidad que respalde mencionada cifra, “quiero señalar la gravedad sobre esto, es que si no se tiene claridad en ese modelo de demanda de movilidad pues los ingresos que se definan no son ciertos” lo que amenazaría la supuesta inversión a las comunidades.
