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Este miércoles, a partir de las 3 de la tarde, se adelantará una nueva reunión entre los voceros del gobierno y los integrantes del comité promotor del paro, de cara al pliego de peticiones para que se conjure el paro nacional que inició el pasado 21 de noviembre.
A respecto, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República entregó un panorama de los avances que se han dado hasta la fecha.
“La conversación nacional no ha parado, llevamos 33 reuniones a nivel nacional y ayer tuvimos la conversación regional número siete en Bucaramanga, esa conversación sigue avanzando y se siguen discutiendo temas concretos a resolver”, sostuvo Molano.
“En el caso de la mesa paralela del comité de movilización tuvimos seis reuniones buscando llegar a una metodología de trabajo, en la última reunión del mes de diciembre le planteamos una metodología, una propuesta de trabajo en mesa. Ellos entregaron un documento con 104 requerimientos, el gobierno se dedicó en el último tiempo a analizar uno a uno los requerimientos encontrando 135”, agregó.
Molano también sostuvo que, de esos 135 puntos muchos son inviables, porque no son competencia del Ejecutivo.
“De esos 135 puntos aproximadamente el 6 % no son competencia del Ejecutivo y corresponden a responsabilidades, o legislativas o del sector judicial, como por ejemplo la liberación de presos políticos o la revisión de esos casos de derechos humanos de las fuerzas militares. Hay 20 % de los puntos que consideramos que son inviables fiscalmente o políticamente, por ejemplo, el proceso de estatización de Ecopetrol pude costarle al estado 15 billones de pesos, el desmonte del cuatro por mil; ocho millones de pesos desfinanciando sobre todo temas de salud y educación y hay unos que son inviable políticamente como la revisión de la política de seguridad y Defensa Nacional o el desmonte del Esmad que como gobierno consideramos son responsabilidades exclusivas o que son funciones el presidente como exigir la negociación con el ELN cuando el presidente es la máxima autoridad que determina con qué grupos armados se negocia y él ya ha colocado los requisitos”, explicó el funcionario del gobierno.
Molano aseguró que en el 65 % de los puntos el gobierno ya viene trabajando, mientras que con un 10 % de dichos puntos considera que se pueden consensuar.
Si embargo, esta conversación llega con una condición diferente a las anteriores y es que por primera vez la Fiscalía encontró un posible nexo entre la violencia que se desató en las manifestaciones pasadas con disidencias de las Farc. Por estos hechos hay seis detenidos y se abrió una línea de investigación para tratar de establecer un posible vínculo con los líderes del paro.
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Al respecto, Molano aseguro que dicha condición sí afecta la mesa de negociación “porque ninguna de las partes de la protesta social y lo que es claro es que, si ya ellos la semana pasada definieron cronograma de protestas a pesar que la conversación está abierta, lo que no se puede permitir es el vandalismo. Ese debe ser un tema de discusión porque o puede ser que la protesta se convierta en protestar para destrozar o afectar la vida de otros”.
“El gobierno del presidente Duque viene buscando soluciones, la protesta es un derecho constitucional que el gobierno respetará, lo que no se puede permitir es que la protesta pase a la violencia o a la obstaculización de vías”, concluyó el funcionario.
