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La Corte Constitucional le dio un nuevo plazo de cuatro meses al Gobierno Nacional para regular el aborto en el país, en los tres casos despenalizados por este alto tribunal.
Este nuevo plazo se produjo con una votación de seis magistrados a favor y uno en contra, teniendo en cuenta que el plazo para la regulación se vencía en octubre de 2019.
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La decisión se dio en respuesta a una solicitud del Ministerio de Salud frente al fallo de tutela del alto tribunal que en marzo había dado seis meses para regular esa práctica.
La regulación a la interrupción voluntaria del embarazo
En octubre de 2018, la Corte Constitucional emitió una sentencia que mantuvo las condiciones que existen el país desde hace doce años para poder acceder a la práctica del aborto en el país, y les dio la razón a organizaciones de mujeres que pedían no poner límites al procedimiento.
El fallo, en ese momento, ordenó al "Ministerio de Salud y Protección Social emitir una regulación única (con) la cual se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en los casos despenalizados”. Es decir, el aborto debe permitirse cuando exista malformación del feto, cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la madre y cuando se evidencie que el embarazo fue producto de una violación.
La organización Women's Link Worldwide, entonces, celebró el fallo y dijo: "El Ministerio debe emitir una regulación que tenga en cuenta todas las reglas que ya están establecidas y deberá hacerle conocer esa regulación a todas las EPS e IPS del país para evitar que se sigan presentando barreras de acceso a este servicio”.
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Por su parte, la organización Human Rights Watch señaló que Colombia "no debería imponer ninguna restricción al aborto", pues estaría interfiriendo con los derechos humanos de las mujeres.
La organización internacional, además, señalo en un concepto que envió a la Corte que "negar a las mujeres y niñas el acceso al aborto constituye una forma de discriminacion" a la luz del derecho internacional.
Además,consideró que “la negación del acceso al aborto seguro y legal pone en riesgo la vida de mujeres y niñas”.
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