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Como contradictorio a los postulados de Naciones Unidas, que apoya la sustitución de cultivos ilícitos, calificaron organizaciones de paz una ley en Estados Unidos que busca la extradición de campesinos que cultivan estupefacientes.
“Es una ley que va en contravía de todo, de la última reunión de Naciones Unidas, de los acuerdos de La Habana, intensifica la persecución al productor e incluso llega hasta la extradición del campesino”, dice Camilo González Posso, director de Indepaz.
Para asociaciones campesinas, esta ley pretender atacar los eslabones de la cadena de la droga pero afecta al más débil.
“Sería una falta de soberanía, de decencia con la gente. El presidente Santos ha reconocido que los campesinos cultivadores de coca no son narcotraficantes, que debe haber otra política u otro enfoque más de derechos humanos”, dice César Jerez, vocero de Asociaciones de Reserva Campesina.
El debate se centra, según estos voceros, en que mientras la guerrilla tendrá una justicia transicional, los campesinos podrían ser llevados a cárceles de Estados Unidos porque el Estado no los ha apoyado con programas alternativos.
Campesinos en el país tienen miedo de ser extraditados si descubren que en sus parcelas hay sembrada hoja de coca. En algunas regiones del país, como en el Catatumbo y Putumayo, se anuncian paros.
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