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El agente de Colombia ante la CIJ, Carlos Gustavo Arrieta, defenderá en sus alegatos orales la posición de Bogotá, y el martes corresponderá a su homólogo nicaragüense, Carlos Argüello, contrarrestar los argumentos colombianos.
En su demanda del 16 de septiembre de 2013, Managua pidió a la CIJ que le conceda una plataforma más allá de los límites definidos en la sentencia del 19 de noviembre de 2012, en la que se remodeló la frontera marítima entre ambos países en el mar Caribe.
La Corte definió en 2012 la frontera marítima única entre la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas de Nicaragua y de Colombia dentro del límite de las 200 millas náuticas a partir de las líneas de base desde las cuales se mide la anchura del mar territorial de Nicaragua.
El alto tribunal de la ONU dejó, en concreto, bajo soberanía colombiana siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se habían concedido a Colombia en 2007.
También otorgó a Nicaragua una franja marina en esa zona que Colombia calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y el país centroamericano en más de 90.000 kilómetros cuadrados.
Managua considera demostrado que el margen continental de Nicaragua se extiende más allá de las 200 millas náuticas y pidió a la CIJ además que indique los derechos y deberes de los dos Estados en relación con el área de pretensiones superpuestas y el uso de sus recursos hasta tanto se delimite con precisión la línea de frontera.
Colombia considera que la pretensión "desmedida" de Nicaragua es contraria al Derecho internacional y corresponde a "ánimos expansionistas" del país centroamericano en el mar Caribe.
Según Bogotá, la plataforma continental de las Islas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, "se une incuestionablemente con la plataforma continental que tiene la costa Caribe colombiana" que se extiende hacia el noroccidente y hacia el Archipiélago en al menos 200 millas.
Sostiene que Colombia tiene una plataforma continental continua e integrada, sobre la cual ejerce los derechos soberanos que otorga el Derecho internacional, tal y como aparece en un decreto de septiembre de 2013 anunciado por el Gobierno de Bogotá.
Previsiblemente y al igual que ya hiciera en La Haya en el caso que enfrenta a ambos países ante la CIJ por las supuestas violaciones por parte de Bogotá de los límites en el Caribe redefinidos en 2012, Colombia alegará que la Corte no es competente para juzgar el caso.
Bogotá denunció el 27 de noviembre de 2012 el Pacto de Bogotá por el que aceptaba la jurisdicción de la CIJ, y afirma que la renuncia "tuvo efecto inmediato" con respecto a la iniciación de nuevos procedimientos contra Colombia.
El artículo 56 dice que el pacto de Bogotá puede ser denunciado mediante aviso anticipado de un año, transcurrido el cual cesará en sus efectos para el denunciante.
