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El presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, indicó que uno de los asesores de la ministra de tecnologías, Karen Abudinen, el abogado Camilo Valencia, participa en la licitación que busca conectar a internet a cerca de diez mil escuelas rurales en Colombia, por lo que habría un conflicto de intereses.
A este proceso público se presentaron varias empresas que aspiran a quedarse con el contrato de dos billones de pesos, de los cuales 170 se entregarán en anticipos en los próximos 30 días. De acuerdo con Bustos, Camilo Valencia aparece como apoderado de la Unión Temporal SES Inred, integrada por SES Telecomunicaciones y Red de Ingeniería, pero a su vez es asesor de la ministra TIC.
"Él asesora a la ministra a través de un contrato suscrito con el Ministerio y la Secretaría General", indicó Bustos y recordó que el abogado "negó dentro de la audiencia de adjudicación en la cual hemos participado, la existencia de ese contrato. No obstante, es innegable que existe y por eso recusamos tanto a la ministra como a Camilo Valencia que negaron la validez de esa relación".
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De acuerdo con Bustos, el hecho de que el asesor participe en la audiencia pública representaría una violación al derecho a la igualdad e imparcialidad que debe acompañar un proceso de esta naturaleza, por lo que "estamos pidiendo la intervención urgente de la Procuraduría para velar por las garantías procesales frente a esas recusaciones que formuló la Red de Veedurías".
En ese sentido, destacó que este proceso tiene otras falencias puesto que hay respuestas "que no se han dado", en tanto que "hay firmas que han salido en el proceso hasta ahora por la falta de una supuesta autenticación que no se exige en el actual ordenamiento jurídico por expreso mandato del Presidente Duque para normas COVID-19 y una de ellas fue una firma de origen chino".
Además, recordó que China "ya presentó una queja de reclamo ante la Cancillería, ante el exabrupto que consiste en la manipulación abierta de ese proceso".
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Sin embargo, la polémica no para ahí ya que la denuncia asegura que se ha permitido la participación de algunas firmas sin los requisitos ideales de capacidad económica y experiencia.
"Hay firmas que incluso tienen problemas legales con el mismo MinTIC, son empresas que pueden tener problemas de quiebra. En últimas, estamos frente a la posibilidad de un Odebrecht 2", puntualizó Bustos.
Este medio de comunicación intentó comunicarse con la ministra de las tecnologías, para conocer su versión pero hasta el momento de publicación de este artículo no se pronunció.
