ARL, en la lupa de la Contraloría ante falta de protección para médicos

El organismo verifica que se destinen recursos para actividades que protejan a trabajadores más expuestos al coronavirus.
Médicos y Enfermeras
Crédito: Foto de Archivo

La Contraloría General de la Nación hizo un llamado de atención por la falta de suministro oportuno de Elementos de Protección Personal (EPP) a los trabajadores de la salud, con riesgo directo de contagio y muerte por el coronavirus.

Para el organismo de control, el fallecimiento de los médicos en Bogotá y otras situaciones que se han denunciado relacionadas con enfermeras y auxiliares, obliga a revisar con urgencia la oportunidad, eficiencia y eficacia de las acciones y administración del recurso público por parte de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, especialmente frente a las condiciones en las cuales está ejerciendo su actividad el personal de la salud en Colombia.

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Por eso, el organismo está verificando la garantía y agilidad, por parte de los aseguradores y prestadores del sistema, para la entrega de los elementos de protección personal indispensables como tapabocas N95, vestidos de bioseguridad, escudos faciales, gafas de seguridad, polainas, guantes y ropa quirúrgica.

También el destino de los recursos por parte de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) en los montos y reglas previstas en el Decreto 489 de 2020 y en el Decreto 500 de 2020, especialmente lo dispuesto para actividades de emergencia, intervención y la compra de elementos de protección personal.

Igualmente, “los funcionarios de la Contraloría realizan una revisión de las condiciones laborales del personal de la salud, en especial quienes estén al frente de la contingencia, a fin de garantizar el principio de favorabilidad”, afirmó la contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana Acevedo.

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Finalmente, el organismo de control solicitó hace varios días a las seis Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) que funcionan en el país información detallada sobre el cumplimiento que han dado a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, con motivo de la emergencia decretada por la COVID-19, relacionadas con los recursos que deben destinar para enfrentar la pandemia y las actividades de prevención del contagio.


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