Cierre de zona de frontera entre Colombia y Venezuela
Foto de RCN Radio
10 Feb 2020 04:16 PM

Al menos 5.000 personas han sido asesinadas en los últimos 7 años en la frontera con Venezuela

En la línea fronteriza operan 28 estructuras armadas ilegales
Jairo Tarazona
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Tarazona
@jairoreport

Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación titulado “Sin Dios ni ley”, análisis de la situación de seguridad en la frontera colombo-venezolana, entre 2012 y 2019 en esa región han sido asesinadas 4.911 personas, entre ellos 378 migrantes venezolanos muertos violentamente entre 2017 y 2019.

El reporte señala que “71 niños, niñas y adolescentes han sido vinculados a algún grupo armado ilegal; 71.561 personas han sido expulsadas forzosamente y 203 han sido secuestradas”. Añade que “la actual dinámica de seguridad en la frontera presenta un recrudecimiento de la violencia y el incremento de los escenarios de riesgo tanto para la población migrante como para la población colombiana que reside o transita en esta zona del país”, la cual tiene una extensión de 2.219 kilómetros .

La investigación dice que actualmente en la zona fronteriza hay 28 Estructuras armadas Ilegales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), 13 Grupos Armados Organizados de alcance principalmente regional como el EPL, Los Rastrojos, Clan del Golfo y 10 Grupos Armados PostFarc (GAPF), y 14 organizaciones criminales de carácter transnacional como Los Pranes y el Cartel de Sinaloa.

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“Estructuras como las del ELN y los GAPF pueden identificarse a lo largo de los siete (7) departamentos, concentrándose especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y Vichada", precisa el estudio.

En cuanto a economías ilegales, el reporte asegura que la zona, “está dominada por las economías ilegales como la del narcotráfico, el contrabando de gasolina y el tráfico de armas y personas”. Agrega que esta situación genera "constantes disputas armadas que tienen como propósito el posicionamiento y dominio de estos actores sobre dichos mercados, lo que explica la fuerte ola de violencia que se vive en la frontera, principalmente en Norte de Santander y La Guajira”.

En cuanto a las guerras de la frontera, el análisis de la Fundación Paz y Reconciliación indica que hay territorios en disputa en una guerra abierta entre actores ilegales, “el ELN se ha aliado con una serie de colectivos venezolanos y el EPL se ha aliado con el Clan del Golfo y bandas locales para resistir la ofensiva del ELN”.

En el departamento de La Guajira, las organizaciones criminales, principalmente en Maicao, "libran un enfrentamiento por el dominio de los pasos fronterizos ilegales que representan una importante renta relacionada, además, del cobro extorsivo, al control del contrabando de ganado, gasolina y trata de personas”, acota en otro de sus apartes el informe.

En un tercer escenario se indica que en Arauca el ELN mantiene control hegemónico sobre el territorio: “a través de una estrategia, especialmente violenta, de fortalecimiento del control militar y social que le ha permitido mantener su supremacía aún ante la presencia de otros grupos armados ilegales como el GAPF Estructura Décima Martín Villa, entre otras, con quien viene compartiendo incidencia en municipios como Saravena, Arauca, Arauquita, Tame y Fortul”.

Finalmente, el análisis concluye que el índice de homicidios está aumentando dramáticamente en la frontera: "A veces las disputas disminuyen en el Catatumbo debido a acuerdos entre actores ilegales que meses después estallan”.

El reporte advierte que no son dinámicas permanentes, pero dice que por los homicidios de los municipios fronterizos “se podría concluir que es como si se hubiera vivido una guerra”. 

“Para el 2018: Puerto Santander (167,33) y Tibú (247,99) en Norte de Santander; Maicao (59,60) en La Guajira; Saravena (64,16) y Arauquita (75,15) (169) en Arauca; Curumaní (55,65) y La Jagua de Ibiríco (49, 17) en el Cesar, tasas de homicidios superiores a la tasa promedio de homicidios de los 35 municipios de frontera (48.22) y la tasa nacional (24.34) del 2018”, señala el análisis de la Fundación Paz y Reconciliación.