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A diario se conocen en el país casos de abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional que han llevado a que la percepción de los ciudadanos frente a la confianza en las autoridades vaya en descenso. Casos de impacto nacional como el del grafitero Diego Felipe Becerra, se han convertido en un referente que evidencia la extralimitación de funciones por parte de algunos uniformados.
Actualmente, en la Procuraduría General de la Nación se encuentran abiertos 157 casos de abuso de autoridad por parte de la Policía, el ESMAD y las Fuerzas Militares.
En ese sentido, son tan altos los índices de percepción de abuso de autoridad y la desconfianza ciudadana asociada a estos casos que sólo el 23% de los bogotanos cree que la Policía hace bien su trabajo y le genera confianza.
Y si bien el Código de Policía fija unos deberes y derechos frente a los comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, no tiene un mensaje claro ante los eventuales abusos de autoridad.
Artículo 35. Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades. Los siguientes comportamientos afectan la relación entre las personas y las autoridades y por lo tanto no deben realizarse. Su realización dará lugar a medidas correctivas:1. Irrespetar a las autoridades de Policía. 2. Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de Policía. 3. Impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de Policía. 4. Negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad a las autoridades de Policía cuando estas lo requieran en procedimientos de Policía. 5. Ofrecer cualquier tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de Policía. 6. Agredir por cualquier medio o lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias que representen peligro a las autoridades de Policía. 7. Utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia.
Al respecto, la pregunta que surge es quién garantiza que se cumplan y que no se generen los abusos. El experto en seguridad, Felipe Ríos, dijo que estos casos deben estar bajo la lupa de todos los colombianos porque el Estado está en la obligación de hacer seguimiento a las denuncias que realizan los ciudadanos y máxime si son hechas contra el personal que está al frente de la seguridad y bienestar.
“A los ciudadanos le debemos garantizar tranquilidad pero lamentablemente con este tipo de hechos lo que se genera es una percepción muy baja del servicio que se debe prestar”, dijo.
En Bogotá, la Personería Distrital en sólo un semestre investigó más de 100 casos de violación de derechos humanos y sorprendentemente la mayoría correspondían a abuso de autoridad cometidos por la Policía.
“Vemos que los hechos son recurrentes, que cada vez los ciudadanos denuncian más, que se adelantan investigaciones pero es reiterativo. ¿Entonces en qué estamos fallando? El Estado no puede perder el control de este tipo de situaciones, no debemos permitir que la institucionalidad de nuestras fuerzas se desmorone por unos pocos”, afirmó Ríos.
Hay quienes consideran que debe existir celeridad en las investigaciones que se tienen de este tipo de casos en los órganos de control para que la confianza en las autoridades vaya en aumento.
