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Como muy drástico y hasta draconiano, calificó el director de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), Jaime Arias, el proyecto de ley que pretende penalizar el llamado paseo de la muerte en las entidades de salud y que busca que haya sanciones para vigilantes, médicos y hasta directores de unidades que nieguen la atención de urgencias.
"Me parece supremamente duro, draconiano, porque cuando ocurre un hecho en una urgencia donde el médico o el portero no puede dar una solución satisfactoria, no necesariamente es culpa de ellos, sino del sistema de salud en Colombia que tiene dificultades financieras muy grandes; y eso hace muy difícil que las cosas funciones de una forma excelente como pretende este proyecto de ley", afirmó.
Agregó que se debe analizar con lupa esta iniciativa presentada al Congreso por el contralor Edgardo Maya Villazón y el procurador Fernando Carrillo, debido a los efectos que se puede generar, ya que según él, esa propuesta no sería la solución para la problemática que realmente se registra en los centros de atención del país.
"Es cierto que todavía existen barreras en la atención de urgencias porque hay muchos defectos pero hay que seguir mejorándolas, pero no creo que la solución sea castigar a un profesional de la medicina o un portero porque la atención no es óptima", destacó.
Arias indicó que se debe crear un proceso de capacitación a los colombianos para que se utilicen adecuadamente las urgencias y no colapsen las entidades de salud.
"En un estudio que se adelantó a los hospitales de Bogotá, se encontró que un 40 por ciento de las personas ameritaban la atención de urgencias vitales y el resto lo hacían porque era más cómodo ir el mismo día y no esperaban dos o tres para una cita ordinaria", afirmó.
Resaltó que las urgencias están catalogadas en cinco categorías donde se tiene un orden de atención de acuerdo al riesgo en el que se encuentre la vida de la persona.
"Hay urgencias prioritarias donde la persona puede morir, una hemorragia, infarto de miocardio o una hemorragia cerebral, eso es una urgencia vital que sería la primera categoría y ya después se tienen otras donde se requiere una atención en un par de horas, pero no en el departamento de urgencias", subrayó.
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El proyecto de ley según el procurador Fernando Carrillo, pretende imponer unas sanciones que podrían contemplar penas de entre 48 y 96 meses de cárcel, para cualquier tipo de negación al servicio de prestación de salud en urgencias, los planes obligatorios y en aquellos casos en que no esté excluido expresamente la prestación de ese servicio.
